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La Aduana de Bernardo de Irigoyen destapa una serie de resoluciones que revelan desde *extinciones de causas penales* hasta *condenas millonarias* y la *destrucción de mercaderías* sin dueño, todo bajo la sombra del Código Aduanero.
La Aduana de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, ha sacudido el Boletín Oficial con una batería de edictos que ponen en evidencia la implacable mano del Estado sobre las infracciones aduaneras. Para aquellos que cruzan la frontera con picardía, las noticias no son buenas.
En un giro que beneficia a algunos, se decretó la extinción de la acción penal para Nelson Amaral (DNI 16.696.628) y Nahuel Román Masnowski (DNI 43.757.355), en casos de infracciones aduaneras (Arts. 985 y 970 del Código Aduanero). ¿El costo? El abandono de la mercadería a favor del Fisco Nacional, una movida que el Estado justifica en los artículos 930/932 del Código Aduanero y la Ley 25.603. Es decir, se les perdona la parte penal, pero el "botín" queda para la Nación.
Pero no todos corren con la misma suerte. Luis Mario Sileto (DNI 22.373.012) recibió una condena que le costará $1.234.078,00 por una infracción al Artículo 977 del Código Aduanero. Este caso, que implica una multa considerable, abre la puerta a una batalla legal: Sileto tiene quince días para apelar ante el Juzgado Federal de Iguazú o el Tribunal Fiscal de la Nación, dependiendo del monto. Una señal clara de que la Aduana no se anda con chiquitas cuando de dinero se trata.
Y lo más llamativo: la Aduana también ha declarado el "Archivo Provisorio" de varias actuaciones y procedió a la destrucción o donación de mercaderías sin titular. Ricardo Israel Da Silva (DNI 32.305.398) y Germán Areia (DNI 33.378.014) son algunos de los nombres vinculados a estas acciones. La mercadería, en estos casos, se esfuma del circuito comercial, siguiendo lo establecido en el Art. 448 del Código Aduanero y la Ley 25.603.
"Estas medidas muestran la firmeza de la Aduana para combatir el contrabando y las infracciones, pero también la complejidad de los procesos cuando los domicilios son desconocidos o los implicados están en el extranjero", explicó un experto consultado por este medio.
Para el ciudadano común, esto significa que el control aduanero es real y tiene consecuencias, desde multas millonarias hasta la pérdida definitiva de bienes. La Aduana, a través de Marcelo Ignacio Galeano, su Administrador, demuestra que está activa en la frontera. Es crucial estar al tanto de las normativas para evitar caer en estas redes de sanciones y, en caso de estar involucrado, buscar asesoramiento legal de inmediato. Mantenerse informado a través de los canales oficiales es clave para futuras actualizaciones.
