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En un festival de resoluciones administrativas, la Jefatura de Gabinete extiende designaciones transitorias en áreas sensibles como Innovación y Migraciones. ¿Normalidad o una señal de la precarización estatal? Algunos nombramientos, incluso, evaden requisitos mínimos.
El Boletín Oficial de hoy nos trae una batería de movimientos internos que, aunque parezcan rutinarios, revelan la dinámica de la administración pública. La Jefatura de Gabinete de Ministros ha oficializado la prórroga y asignación de funciones transitorias para varios funcionarios, marcando la continuidad de una práctica que genera debate sobre la estabilidad laboral en el Estado.
Por un lado, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología prolongó por 180 días hábiles la designación de Gastón Ezequiel Touceda (DNI Nº 38.589.672) como Director de Administración de Financiamiento Externo y Local de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Esta medida, efectiva desde el 28 de agosto de 2025, asegura la continuidad en un puesto clave para la gestión de fondos.
En paralelo, la Vicejefatura de Gabinete del Interior asignó transitoriamente a partir del 11 de agosto de 2025 a Bárbara Noelia Landaburo (DNI N° 30.183.046) como Directora de Desarrollo de Recursos Humanos de Interior. Esta asignación, que puede durar hasta tres años o hasta que se cubra de forma definitiva, busca garantizar el normal funcionamiento de una dirección estratégica en la gestión de personal.
Pero la polémica llega con la Dirección Nacional de Migraciones. La Resolución 387/2025 prorrogó, a partir del 5 de diciembre de 2024 y por 180 días, designaciones transitorias para varios agentes, entre ellos Francisco Daniel Pavicich Álvarez (DNI Nº 27.216.484), en el cargo de Asistente Administrativo. Lo más impactante es que estas prórrogas se realizaron con 'autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del SINEP' para un grupo de estos agentes. Esto plantea serios interrogantes sobre la idoneidad y la transparencia en los nombramientos estatales. ¿Es una necesidad operativa ineludible o un atajo a la meritocracia? La discusión está abierta y el ciudadano común debería estar atento a cómo se gestionan los recursos humanos del Estado.
