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Un chofer de la provincia, Juan Manuel Castellanos, se ve obligado a devolver bonificaciones por "dedicación plena" cobradas indebidamente mientras estaba en comisión en el Senado. ¿Un caso aislado o la punta del iceberg?
Un caso que prende las alarmas sobre el control de los gastos públicos. La Resolución N° 130-MPCEITGP-2026 del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica ha puesto fin a una situación irregular: Juan Manuel Castellanos, un agente de planta permanente, deberá reintegrar sumas millonarias por bonificaciones cobradas sin causa entre el 1° de abril de 2020 y el 7 de diciembre de 2023.
Castellanos, quien figura como Chofer “A” con régimen de cuarenta y ocho (48) horas semanales, había sido beneficiado con bonificaciones por "dedicación plena a la labor". El problema es que, durante ese período, estuvo en comisión de servicios en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. La normativa es clara: estas bonificaciones son para quienes se desempeñan como choferes en la Administración Pública Provincial, excluyendo a quienes prestan tareas en el Poder Legislativo.
Este "olvido" o "error" en la aplicación de la norma ha significado un cobro indebido que la provincia ya comenzó a recuperar en junio de 2022, finalizando los descuentos en septiembre de 2023. La Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado intervinieron para regularizar la situación, destacando la importancia de la fiscalización del gasto público. Para el ciudadano de a pie, este episodio resalta la necesidad de una vigilancia constante sobre el uso de los fondos estatales y la asignación de beneficios a los funcionarios. ¿Cuántos casos similares podrían existir sin ser detectados?
"correspondería limitar a partir del 1° de abril de 2020, la bonificación por dedicación plena a la labor... debiéndose instar el procedimiento pertinente a los efectos de recuperar las sumas abonadas sin causa por tal concepto."
Este caso no solo es un llamado de atención para los funcionarios, sino también para los organismos de control. La transparencia y la correcta administración de los recursos públicos son banderas que deben izarse y defenderse con cada acto administrativo.
