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La Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires autoriza la decimoséptima redeterminación de precios para la empresa HEALTHY S.A. por el servicio de control de licencias médicas, elevando el contrato en más de 72 millones de pesos.
La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ha vuelto a ser noticia, y no por un logro educativo. A través de la Resolución Firma Conjunta N° 995-DGCYE-2026, se aprobó la decimoséptima redeterminación de precios para el contrato de la firma HEALTHY S.A., responsable del servicio de control de licencias médicas para el personal educativo. Esta nueva actualización implica un golpe al erario público de más de 72 millones de pesos, llevando el monto total del contrato a la asombrosa cifra de $8.869.901.244,00.
La empresa HEALTHY S.A. solicitó el 10 de noviembre de 2025 una redeterminación de precios, argumentando una variación de costos del 6,87% a valores de agosto de 2025, superando el umbral del 5% establecido por la normativa. La Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios y Administración de Inmuebles verificó estos cálculos, resultando en un incremento contractual de $72.432.575,94.
Este incremento millonario impacta directamente en las arcas provinciales, es decir, en el bolsillo de todos los contribuyentes bonaerenses. Mientras que para HEALTHY S.A. significa la garantía de la rentabilidad de su servicio en un contexto inflacionario, para el Estado provincial representa un desafío constante en la gestión presupuestaria. La recurrencia de estas redeterminaciones (¡la decimoséptima!) genera serias preguntas sobre la capacidad de previsión y la eficiencia del gasto público en Argentina.
El contrato original, surgido de la Licitación Pública N° 08/22, está regido por la Ley N° 13.981 y su decreto reglamentario, que permiten estas actualizaciones de precios. Sin embargo, la frecuencia y magnitud de estas redeterminaciones exponen la fragilidad económica del país y la dificultad de establecer contratos a largo plazo con precios estables. La normativa busca proteger a los proveedores de la descapitalización, pero a un costo considerable para el Estado.
Es crucial que los ciudadanos tomen nota de cómo se administran los fondos públicos. Más de 8.800 millones de pesos para el control de licencias médicas es una suma gigantesca que merece un escrutinio minucioso. Este caso es un claro ejemplo de cómo la inflación erosiona el poder de compra del Estado y obliga a reajustes constantes que, aunque legales, son una carga pesada para la sociedad. La transparencia y la rendición de cuentas son más importantes que nunca en este tipo de operaciones.
"La presente redeterminación se realiza en función del porcentaje determinado por la Dirección Provincial de Contrataciones, Convenios y Administración de Inmuebles, ascendiendo el monto del contrato a la suma de pesos ocho mil ochocientos sesenta y nueve millones novecientos un mil doscientos cuarenta y cuatro con 00/100 ($8.869.901.244,00)."
Para mantenerse informado sobre futuros ajustes y la gestión de recursos públicos, se recomienda seguir las noticias económicas y las publicaciones del Boletín Oficial.
