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El gobierno bonaerense ajusta contratos por cientos de millones, favoreciendo a constructoras en medio de la inflación. ¿Quién se beneficia con estos "retoques" millonarios?
Un combo explosivo de resoluciones (Nº 26-SSOPMIYSPGP-2026 y Nº 31-SSRHMIYSPGP-2026, junto a la continuidad de la Ley Nº 6.021) revela un patrón alarmante: el Estado bonaerense sigue redeterminando precios de obras públicas por cifras astronómicas. La Subsecretaría de Obras Públicas aprobó un "retoque" para la empresa TECMA S.A. por la obra de la "Sala de Interpretación y Sendero en la Reserva Natural Punta Lara" (Ensenada). La diferencia final a favor de la contratista asciende a $12.976.005,20, sumando otros cargos, el total se eleva a $13.624.805,45. El monto total redeterminado para esta obra es de $251.539.287,53.
Pero no es el único caso. La Subsecretaría de Recursos Hídricos hizo lo propio con la UTE CPC S.A. - G y C S.A. para la "Construcción de Puentes Ferroviarios y Carreteros en la Cuenca del Río Salado". Aquí, la diferencia a favor de la contratista es de $11.800.184,09, sobre un total redeterminado de $235.294.103,02.
Estas redeterminaciones se amparan en el Decreto N° 290/21 y modificatorias, buscando compensar la inflación. Sin embargo, en un contexto de bolsillos flacos para la mayoría, la constante renegociación de contratos millonarios para grandes constructoras genera un fuerte debate. ¿Están estos ajustes justificados o son un agujero negro para las arcas provinciales? Las empresas, por su parte, renuncian a futuros reclamos por mayores costos, pero la pregunta persiste: ¿se podría haber evitado esta sangría con una planificación más sólida?
