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El Tribunal de Cuentas bonaerense desata una tormenta en la gestión pública: mientras algunos funcionarios son liberados de cargos, otros son multados con sumas exorbitantes y enfrentan cargos solidarios por irregularidades. ¡Nadie se salva de la lupa!
El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la Provincia de Buenos Aires ha vuelto a sacudir el tablero de la administración pública con una serie de fallos que generan polémica y debate. La institución, encargada de velar por la transparencia en el uso de los fondos estatales, ha dictado resoluciones que van desde la liberación de responsabilidades hasta la imposición de multas millonarias y cargos solidarios a funcionarios de alto perfil.
En un giro sorpresivo, dos Fallos de Revisión (N° 749/2025 y N° 754/2025) han dejado sin efecto cargos contra varios agentes de la Municipalidad de La Plata (Ejercicio 2016) y han liberado de responsabilidad a los directores Nicolás Vitale y Bernardo Julio Rodríguez del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por el ejercicio 2015. Estos casos demuestran que, a veces, las acusaciones iniciales no prosperan tras una revisión exhaustiva, o bien, que hay un cambio de criterio.
Sin embargo, la mano del Tribunal no ha sido tan benévola con otros. El Consorcio del Corredor Productivo del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Ejercicio 2024) ha visto cómo su Presidente, José Luis Salomón, recibió una amonestación, y su Contador y Tesorero, Gustavo Javier Ramundo y Jorge Oscar Etcheverry, "llamados de atención" por irregularidades, pese a aprobarse la rendición de cuentas.
Pero el plato fuerte viene de San Nicolás de los Arroyos. El HTC impuso MULTAS que ascienden a $1.420.000 y un cargo solidario de $459.866,22 a la cúpula de la Municipalidad y el Ente Aguas de San Nicolás (Ejercicio 2024). El Intendente Ismael Santiago Passaglia ($330.000 multa, cargo solidario), el Presidente del HCD Daniel Eduardo Luchelli ($280.000 multa), el Presidente del Ente Gonzalo Germán Tramontin ($430.000 multa, cargo solidario) y la Contadora Samanta Gisela Soto ($380.000 multa) son los afectados. Tienen 90 días para pagar o enfrentar las consecuencias.
"Estos fallos reflejan la compleja tarea de controlar los fondos públicos, donde la línea entre el error administrativo y la mala praxis es muy delgada", afirmó un analista.
La ciudadanía debe estar atenta: estas decisiones impactan directamente en el uso de los recursos de todos y en la rendición de cuentas de quienes administran el Estado.
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