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La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires aprueba la *undécima* redeterminación de precios para el servicio de transporte fluvial escolar, inyectando otros $5.7 millones a un contrato que ya supera los $408 millones. ¿Quién paga la cuenta?
En un nuevo capítulo de la saga de la inflación, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires ha dado luz verde a la undécima redeterminación de precios para el servicio de transporte fluvial exclusivo que traslada a miles de alumnos, docentes y auxiliares en el Delta Bonaerense. Este ajuste suma la friolera de $5.765.953,41 adicionales al contrato, elevando el costo total a la asombrosa cifra de $408.859.939,54.
El servicio, a cargo de la empresa C.O.C. NAVEGACIÓN S.R.L., es indispensable para la conectividad y el acceso a la educación en las islas del Delta. Sin embargo, la constante necesidad de "actualizar" los precios, que en esta ocasión refleja una variación del 5,95% a valores de septiembre de 2025, pone de manifiesto la fragilidad económica que impacta directamente en las arcas provinciales.
Esta medida, aunque amparada en la Ley N° 13.981 y el Decreto N° 59/2019 que permiten ajustes por variaciones superiores al 5%, genera un debate sobre la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La acumulación de once redeterminaciones en un mismo contrato es un claro indicador de la volatilidad económica del país, que obliga al Estado a desembolsar cada vez más dinero para mantener servicios esenciales.
Si bien para la empresa contratista, C.O.C. NAVEGACIÓN S.R.L., esta redeterminación significa una compensación por los aumentos de costos operativos (combustible, salarios, mantenimiento), para el ciudadano común representa una mayor carga impositiva o la reasignación de fondos que podrían destinarse a otras necesidades urgentes. La continuidad del transporte escolar es fundamental, pero el "cheque en blanco" de los ajustes constantes genera preocupación.
"Los padres de los alumnos del Delta necesitan que sus hijos lleguen a la escuela, pero también queremos saber si se están buscando alternativas para que estos servicios no se vuelvan impagables", comentó un vecino de San Fernando. La transparencia y la búsqueda de soluciones a largo plazo para estos contratos millonarios son más urgentes que nunca.
