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El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires le quita una pensión honorífica a Daniel Eduardo Robelo, ex oficial y veterano de Malvinas, tras descubrirse su condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Además, se le exige la devolución de más de 7 millones de pesos.
Una medida que sacude los cimientos de la administración pública bonaerense: el Instituto de Previsión Social (IPS) ha dictado la Resolución N° 11.737, revocando la Pensión Honorífica de la Provincia de Buenos Aires que percibía Daniel Eduardo Robelo, un ex Oficial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad reconocido como ex Combatiente del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas. La decisión se basa en una contundente razón: Robelo fue condenado a Prisión Perpetua por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la causa “Base Naval III y IV”, por gravísimos delitos como privación ilegal de la libertad agravada, tortura y homicidio, sentencia que fue confirmada en 2018.
La Ley N° 12.006, que otorga estas pensiones, es clara: no serán beneficiarios quienes hayan sido procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Este es el punto clave que llevó a la caducidad del beneficio de Robelo, no desde la condena, sino a partir del 30 de agosto de 2012, fecha de su auto de procesamiento. Esta precisión es crucial, ya que modifica una resolución anterior y ajusta el período de la deuda.
El impacto económico para Robelo es brutal: el IPS le reclama la devolución de $7.783.003,80 por haberes abonados indebidamente desde el 30 de agosto de 2012 hasta el 31 de octubre de 2022. La resolución lo intima a formular una propuesta de pago o saldar la deuda en un plazo perentorio de 10 días. De no hacerlo, el organismo procederá a confeccionar el correspondiente Título Ejecutivo, abriendo la puerta a un juicio para el recupero de los fondos.
Esta medida, aunque tardía para algunos, envía un mensaje claro a la ciudadanía: el Estado bonaerense está dispuesto a revisar y revocar beneficios cuando se detectan irregularidades o incumplimientos de la ley, especialmente en casos de crímenes tan aberrantes como los de lesa humanidad. Para el ciudadano de a pie, es un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, a veces llega, y que los fondos públicos deben ser gestionados con la máxima transparencia y apego a la normativa vigente. Es una lección sobre la importancia de la rendición de cuentas, incluso para aquellos que alguna vez fueron reconocidos por servicios a la patria.
