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El Gobierno Nacional desestimó los recursos jerárquicos de Jorge Larraocoechea y Julián Mansilla, empleados civiles de la Armada, quienes denunciaban haber sido mal reencasillados. ¿Se agotó la vía administrativa o se abre la puerta a juicios millonarios?
La Armada Argentina vuelve a estar en el ojo de la tormenta, pero esta vez por una disputa interna que podría terminar en los tribunales.
El Gobierno Nacional, a través de sendos decretos presidenciales (237/2026 y 236/2026), ha rechazado de forma contundente los recursos jerárquicos interpuestos por dos agentes civiles de la planta permanente de la ARMADA ARGENTINA, Jorge Alberto LARRACOECHEA y Julián Eliseo MANSILLA. Ambos empleados cuestionaban su reencasillamiento dentro del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (homologado por el Decreto N° 2539/15), alegando haber sido ubicados erróneamente en agrupamientos, niveles y grados inferiores a los que les correspondían por su titulación, experiencia y antigüedad.
La controversia radica en la interpretación de los artículos 132 a 141 del Convenio Colectivo y las resoluciones ministeriales que definieron el proceso de reencasillamiento a partir de 2017. Tanto Larraocoechea (Profesor de Matemática y Cosmografía con 38 años de antigüedad en 2015) como Mansilla (Bachiller en Computación con 8 años de antigüedad en 2015) argumentaron que sus categorías anteriores y años de servicio no fueron debidamente valorados. Sin embargo, el Ministerio de Defensa y la Oficina Nacional de Empleo Público validaron la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 135 del convenio, que calcula el grado escalafonario en base a la experiencia laboral dividida por 36 meses, y los artículos 136 y 138 que definen los niveles según la categoría de revista y titulación.
Para los afectados, la noticia es un golpe bajo. Con el dictado de estos decretos, la vía administrativa queda completamente agotada. Esto significa que los agentes ya no pueden apelar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. La única puerta que les queda abierta es la vía judicial, donde podrán interponer una acción en los próximos CIENTO OCHENTA (180) días hábiles judiciales. Este tipo de litigios, si se multiplican, podrían generar un costo significativo para el Estado en eventuales indemnizaciones o reencasillamientos forzosos por orden judicial.
Para el ciudadano común: Estas decisiones, aunque parezcan trámites burocráticos, reflejan cómo se gestiona el personal público y la interpretación de sus derechos laborales. Un reencasillamiento incorrecto no solo afecta el salario y la carrera de un individuo, sino que también puede sentar precedentes para miles de empleados en situaciones similares. Estar atentos a estos fallos es clave para entender la transparencia y equidad en la administración pública.
