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Cuatro empleados civiles de la Armada Argentina vieron frustrados sus últimos intentos administrativos para revertir supuestas 'reencasillaciones erróneas'. El Gobierno nacional ratificó las decisiones del Ministerio de Defensa, dejando expedita la vía judicial. ¿Fin de la lucha o inicio de una batalla legal?
"El Presidente de la Nación Argentina decreta: Recházase el recurso jerárquico..."
Una ola de rechazos sacude a la planta permanente de la Armada Argentina. Cuatro decretos presidenciales, firmados en un mismo día, confirmaron la negativa a Stella Maris BERTERRET (D.N.I. 13.946.494), Lidia Angélica ÁLVAREZ (D.N.I. 18.002.674), Martín Ariel RAGONE (D.N.I. 28.678.513) y Marcela Alejandra PEÑALOZA (D.N.I. 32.332.238). Estos agentes buscaban revertir sus reencasillamientos en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Los empleados habían interpuesto recursos contra la Resolución del Ministerio de Defensa N° 614 del 14 de julio de 2017, que dispuso sus reencasillamientos a partir del 1° de junio de 2017. Argumentaban que sus asignaciones de Agrupamiento, Nivel Escalafonario y Grado eran erróneas, basándose en sus funciones, títulos y antigüedad.
Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa (con la Resolución N° 710/24) como ahora la Presidencia, a través de los Decretos 279, 281, 278 y 280/2026, rechazaron categóricamente sus pretensiones. La justificación oficial se apoya en una rigurosa aplicación de los artículos 132 al 141 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2539/15, y sus modificaciones. Se analizó la categoría de revista al 31 de octubre de 2016 y la experiencia laboral, confirmando que los agentes fueron "correctamente reencasillados" según la normativa.
Para los cuatro agentes, la vía administrativa está agotada. Esto implica que no hay más instancias dentro del Poder Ejecutivo para reclamar. No obstante, la normativa les abre la puerta a la vía judicial, otorgándoles un plazo de Ciento Ochenta (180) días hábiles judiciales para iniciar acciones legales, contados a partir de la notificación de estos decretos.
Esta medida resalta la firmeza del Estado en la aplicación de los marcos normativos vigentes para el personal civil de las Fuerzas Armadas. Para la sociedad, subraya la complejidad de la burocracia estatal y los largos procesos que pueden enfrentar los empleados públicos en la defensa de sus derechos laborales.
¿Será este el final del camino o el comienzo de una nueva batalla en los tribunales? La señal es clara: el Gobierno no cederá fácilmente en estas reencasillaciones.
