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Dos funcionarios bajo la lupa: Corrado y Grandamarina, multados y expuestos en el Registro de Sujetos Incumplidores por no presentar sus declaraciones patrimoniales anuales. ¿Transparencia o descuido?
El Boletín Oficial sacude la modorra con una noticia que pone en el ojo de la tormenta a la integridad pública. La Oficina de Integridad Pública no se anda con chiquitas y le clavó una multa a Héctor Vicente Corrado y a Mariano Ángel Grandamarina por no cumplir con la obligación de presentar su Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses Actualización Anual. Esto no es un mero formalismo; es una exigencia clave para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sector público.
Ambos funcionarios no solo deberán pagar la multa, sino que también quedan incorporados a la nómina del Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública. Esto es un golpe bajo a su reputación y un llamado de atención para todos los que ocupan cargos públicos. La medida busca garantizar que los servidores públicos rindan cuentas sobre su patrimonio, evitando conflictos de interés y enriquecimientos ilícitos. Para el ciudadano de a pie, significa que el Estado, al menos en teoría, está vigilando a sus funcionarios. La falta de esta presentación puede ocultar mucho más que un simple olvido. Estar al tanto de estas resoluciones es vital para entender cómo se intenta fiscalizar la ética en el gobierno.
