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La Oficina de Integridad Pública no perdona: dos funcionarios, María Alejandra Fernández Battolla y Gabriel Nicolás Zicolillo, fueron multados e incorporados al registro de incumplidores por no presentar sus Declaraciones Juradas Patrimoniales a tiempo. ¡La transparencia bajo la lupa!
El Boletín Oficial ha vuelto a encender las alarmas sobre la transparencia en la función pública. La Oficina de Integridad Pública no ha tenido piedad y, a través de las Resoluciones N° 135/OFIPP/25 y 138/OFIPP/25, ha impuesto duras multas e incorporado a la nómina del Registro de Sujetos Incumplidores al Régimen de Integridad Pública a dos nombres propios: María Alejandra Fernández Battolla y Gabriel Nicolás Zicolillo.
Ambos fueron sancionados por la falta de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial y de Intereses Actualización Anual. Este documento es una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción, ya que permite conocer la evolución del patrimonio de los funcionarios y detectar posibles enriquecimientos ilícitos o conflictos de intereses. Su no presentación no es un simple olvido; es una grave omisión que atenta contra los principios de probidad y transparencia que deben regir la función pública.
La incorporación al Registro de Sujetos Incumplidores es una mancha indeleble en la carrera de cualquier funcionario y puede acarrear consecuencias más allá de la multa económica, como la imposibilidad de acceder a otros cargos públicos o la apertura de investigaciones más profundas. Esta medida envía un mensaje claro y contundente: nadie está por encima de la ley cuando se trata de la integridad pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber que quienes manejan los destinos de la Ciudad actúan con total honestidad y que el Estado cuenta con mecanismos para garantizarlo. La Oficina de Integridad Pública demuestra que está activa y vigilante.
