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El Ministerio de Salud impone nuevas y polémicas pautas para evaluar la 'congruencia académica' de los postulantes a residencias médicas, eximiendo a algunos de un nuevo examen y dejando a otros en la cuerda floja.
Una verdadera bomba ha caído en el ámbito de la salud con la Resolución 2303/2025 del Ministerio de Salud, que establece nuevas y controvertidas pautas para determinar la "congruencia académica" de los postulantes a las residencias médicas. La medida, que busca complementar la formación integral de los profesionales de la salud, ha generado un aluvión de críticas y dudas sobre la equidad del proceso.
El meollo del asunto: aquellos aspirantes que obtuvieron una calificación igual o superior a 86 puntos en el Examen Único del 1° de julio de 2025, y que además demuestren congruencia académica, serán relevados de una nueva instancia evaluativa. Pero, ¿qué es exactamente la "congruencia académica"? El Ministerio de Salud, ante la falta de consenso en el Comité de Expertos, decidió que la variable institucional (la acreditación de la casa de estudios) tendrá un peso preponderante sobre el promedio de la carrera individual.
"El promedio de la carrera no es el único dato a tomar en consideración toda vez que los diferentes sistemas educativos donde se han formado los aspirantes... presentan variables que no forman parte de los estándares de acreditación establecidos por los sistemas de aseguramiento de la calidad...", argumenta la Subsecretaría de Políticas Universitarias, justificando la priorización de la acreditación institucional.
Esto significa que la calidad de la institución educativa de origen será un factor determinante, lo que podría generar disparidades entre postulantes con excelentes promedios pero provenientes de universidades con acreditaciones diferentes o no reconocidas internacionalmente (como es el caso del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CACES de Ecuador, que no cuenta con reconocimiento de la WFME).
La resolución será aplicable a los cargos de residencias básicas y articuladas de medicina financiadas por el Estado Nacional en una lista de hospitales e instituciones específicas, incluyendo el Hospital Posadas, el Malbrán y el Garrahan, entre otros. Además, se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires a adherir, buscando evitar una "multiplicidad de órdenes de mérito" y "resultados inequitativos". La decisión, tomada bajo el amparo de la "potestad discrecional de la Administración", promete encender el debate sobre la meritocracia y la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación médica especializada.
