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El gobierno bonaerense prorroga por **$302 millones** un contrato clave para la limpieza de Villa Itatí, en medio de críticas por demoras y la sombra del Banco Mundial. La continuidad del servicio, garantizada, pero la gestión, bajo la lupa.
La Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (DEOPISU), acaba de extender por tres meses un contrato vital para la recolección de residuos y la promoción socioambiental en el vulnerable barrio de Villa Itatí, Quilmes. La medida, publicada bajo la Resolución N° 105-DEOPISU-2026, busca evitar un colapso en un servicio esencial, pero no sin levantar cejas.
Esta es la segunda prórroga para la Asociación Civil Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación-Cuenca Las Piedras/San Francisco-Quilmes (CUIT 30-70872988-0), que ya había recibido una extensión de cuatro meses. El contrato original, por un precio fijo de $302.131.937,77 y doce meses de duración, debía finalizar el 16 de octubre de 2025. Ahora, se estira hasta el 18 de mayo de 2026 o hasta que se perfeccione un nuevo llamado a licitación, lo que ocurra primero. La justificación oficial es la necesidad de garantizar la continuidad del servicio ante demoras en el nuevo proceso licitatorio.
Para los vecinos de Villa Itatí, esta prórroga significa una continuidad crítica del servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos secos y la promoción de prácticas ambientales. Sin embargo, la persistencia de las extensiones contractuales expone la lentitud y las falencias en los procesos licitatorios del Estado, generando incertidumbre y dependencia. La interrupción del servicio, según el propio texto, "amenaza el derecho de los vecinos a un hábitat digno y sustentable", lo que subraya la importancia vital de esta prestación.
El contrato inicial, financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) bajo el préstamo N.º 8991-AR, se enmarca en un régimen especial de adquisiciones (Decreto N.º 1.299/16). Las autoridades justifican esta nueva extensión por la "propia naturaleza ambiental y social de los servicios" y porque el nuevo proceso licitatorio "ha demandado un plazo mayor al inicialmente previsto". Un dato clave es que, según las regulaciones del Banco Mundial, estas modificaciones de plazo no requieren una nueva "No Objeción" previa, lo que agiliza el trámite pero no resuelve la raíz del problema.
La situación revela una problemática recurrente en la gestión pública: la incapacidad de concretar licitaciones a tiempo, lo que obliga a recurrir a prórrogas que, si bien garantizan la prestación, pueden restar transparencia y competitividad al sistema. Es una contradicción: se busca un "hábitat digno" pero la gestión para sostenerlo parece tambalear. La intervención de organismos como Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado confirma la complejidad administrativa detrás de estas decisiones.
