¡ESCÁNDALO EN TANDIL! MILLONARIA DEUDA PROVINCIAL POR EL CIERRE MINERO
La Provincia de Buenos Aires desembolsa casi 80 millones de pesos para saldar una vieja deuda con los ex-trabajadores de las canteras de Tandil, una factura que se arrastra desde el cese de la actividad minera en la 'poligonal' protegida.
Índices de Impacto
Organizaciones
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
- Municipio de Tandil
- Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires
- Asesoría General de Gobierno
- Fiscalía de Estado
- Contaduría General de la Provincia
- Ministerio de Trabajo
Fechas Clave
¡Bomba en el Boletín Oficial! La Ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Marina Vilar, acaba de firmar una Resolución que destapa una olla con casi 80 millones de pesos destinados a los ex-empleados de las canteras de Tandil. Se trata de la Resolución N° 73-MAMGP-2026, que aprueba el pago de $79.664.470,15 en concepto de haberes correspondientes a ¡Noviembre y Diciembre de 2025! Sí, leyó bien, una deuda que se arrastra.
El Costo de un Paisaje Protegido
Este pago millonario no es casualidad. Es la consecuencia directa de una medida histórica: la Ley N° 14.126, que declaró "Paisaje Protegido de Interés Provincial" a una zona clave de Tandil y, de paso, prohibió las actividades mineras. El drama comenzó en aquel entonces, cuando la normativa estableció que el personal afectado por el cierre sería absorbido por los gobiernos municipal y/o provincial. Una promesa que, como vemos, sigue pasando factura.
En 2012, un convenio entre la Provincia y el Municipio de Tandil, aprobado por el Decreto N° 542/12, selló el compromiso: el Municipio incorporaría a los trabajadores y la Provincia aportaría el 50% de sus haberes. Y ahí estamos, casi 14 años después, con la Provincia cumpliendo (tardíamente) con su parte de la ecuación.
¿Quién Paga la Fiesta Ambiental?
La plata sale directamente de las arcas provinciales, con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2026 (Ley N° 15.557). Es un recordatorio contundente de que las políticas ambientales, si bien necesarias, conllevan costos económicos significativos y compromisos a largo plazo con la fuerza laboral afectada.
"Esta resolución es un espejo de las consecuencias económicas que pueden tener las decisiones de protección ambiental cuando no se acompañan de soluciones laborales y financieras ágiles y sostenibles en el tiempo", deslizó un analista. "Los contribuyentes bonaerenses son los que, en última instancia, terminan pagando el precio de estas transiciones."
Para el ciudadano de a pie, esta noticia resalta cómo las decisiones políticas de hace más de una década siguen impactando hoy en el gasto público. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántos pagos más habrá que afrontar por esta "deuda ambiental"? Estaremos atentos, porque la historia de los ex-mineros de Tandil parece tener capítulos pendientes.
