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Nuevas resoluciones revelan ajustes millonarios en obras públicas bonaerenses. Contratistas reciben sumas adicionales por 'redeterminación de precios', ¿quién paga la factura de la inflación descontrolada?
La Provincia de Buenos Aires sigue desangrando sus arcas con ajustes de precios millonarios en obras públicas clave. Tres resoluciones recientes del Boletín Oficial confirman desembolsos adicionales que superan los 32 millones de pesos, justificados bajo el eufemismo de "redeterminación de precios". Esto significa, ni más ni menos, que los contratos originales se quedaron cortos ante la escalada inflacionaria y el Estado provincial debe pagar la diferencia.
Estas redeterminaciones se realizan en el marco del Decreto N° 290/21 y modificatorias, una herramienta que permite ajustar los valores de los contratos públicos ante variaciones económicas. Sin embargo, la recurrencia y magnitud de estos ajustes ponen en evidencia la fragilidad de la planificación presupuestaria en un escenario de alta inflación. Los contribuyentes bonaerenses son, en última instancia, quienes terminan cubriendo estos sobrecostos. Las empresas, por su parte, renuncian a reclamos por mayores costos o perjuicios, lo que sugiere un acuerdo para cerrar estas cuentas pendientes.
"La inflación devora los presupuestos y el Estado se ve obligado a renegociar. La pregunta es: ¿hasta cuándo seguiremos pagando los platos rotos de una economía inestable?"
Para la sociedad, significa que los recursos destinados a obras públicas rinden menos de lo esperado, y el dinero fresco debe salir de otras partidas o de mayor endeudamiento. Para las empresas contratistas, garantiza un cierto nivel de rentabilidad, pero también expone la dificultad de proyectar costos en Argentina. Los fondos para dirección, inspección y embellecimiento, así como las reservas legales, también se ven afectados por estos ajustes, aumentando aún más la factura final.
Para seguir de cerca cómo se gestionan los fondos públicos y las futuras redeterminaciones, es crucial revisar periódicamente las publicaciones del Boletín Oficial y los informes de los organismos de control.
