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Una vez más, el Gobierno bonaerense autoriza la undécima redeterminación de precios para los servicios de lanchas escolares en el Delta, inyectando cientos de millones de pesos adicionales a empresas privadas. ¿Quién paga la cuenta de la inflación descontrolada?
El Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires se hizo eco de una serie de resoluciones que confirman un golpe más al erario público: la aprobación de la undécima redeterminación de precios para el vital servicio de transporte fluvial que traslada a alumnos, docentes y personal auxiliar de las escuelas del Delta Bonaerense. Esta medida, lejos de ser un mero trámite administrativo, significa un desembolso multimillonario que levanta interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos en un contexto inflacionario.
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, mediante diversas resoluciones conjuntas, validó los ajustes de precios solicitados por varias firmas que operan el transporte escolar. Estas redeterminaciones, que se realizan en el marco de la Licitación Pública N° 10/23, responden a una variación de precios superior al 5% respecto al contrato original o la última actualización. En esta ocasión, la undécima redeterminación alcanza un 5,95% de variación para los valores de septiembre de 2025.
Las empresas beneficiadas incluyen a NAVETUR S.R.L., que verá redeterminados sus contratos por un monto combinado de $267.908.500,00; BAGVEN S.R.L., con una inyección de $69.414.750,00; y FASSINI GUILLERMO CARLOS, cuyo contrato asciende a $63.083.250,00 por las órdenes de compra de prórroga, y un incremento total de $5.684.535,24 sobre un contrato ya redeterminado que llega a los $378.230.397,70.
El gasto total que demandará el cumplimiento de estas medidas será atendido con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2026, con asignaciones específicas de $11.172.468,12 y $5.861.057,02 para cubrir parte de estos ajustes. Estas cifras, que se suman a los ya cuantiosos montos de los contratos originales, demuestran la presión constante de la inflación sobre los servicios esenciales que contrata el Estado.
Para el ciudadano común, esto se traduce en un mayor uso de los fondos públicos, que podrían destinarse a otras áreas críticas. La recurrencia de estas redeterminaciones (¡la undécima!) subraya la dificultad de establecer presupuestos a largo plazo en Argentina y la necesidad de mecanismos de ajuste que, si bien buscan garantizar la continuidad de servicios vitales como el transporte escolar, también generan una sangría constante en las finanzas estatales.
“La undécima redeterminación es un claro reflejo de la volátil economía argentina y un desafío para la planificación presupuestaria”, podría decir un analista económico, aunque no se cita explícitamente en el texto original.
Estos ajustes se enmarcan en la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario DECTO-2019-59-GDEBA-GPBA, normativas que permiten la revisión de precios en contratos públicos ante variaciones significativas en los costos. La Licitación Pública N° 10/23 es el eje central de estos contratos, que garantizan que miles de estudiantes y trabajadores de la educación en el Delta puedan llegar a sus destinos, una labor indispensable en una región con geografía particular.
Las implicaciones son claras: el Estado debe seguir garantizando el servicio, pero los costos se disparan. La transparencia y el control en estos procesos son fundamentales para asegurar que cada peso invertido se justifique y no se convierta en una carga desmedida para los contribuyentes.
Para futuras actualizaciones sobre estos contratos y otros gastos públicos, es crucial seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y los informes de los organismos de control.
18 de diciembre de 2024
23 de julio de 2025
5 de febrero de 2026
