Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Tribunal de Cuentas bonaerense no perdona: Intendentes de Balcarce, Villarino y Almirante Brown bajo la lupa por irregularidades en sus rendiciones, con sanciones y multas que sacuden las arcas públicas.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (HTC) ha puesto en jaque la gestión de varias municipalidades, revelando incumplimientos y desmanejos en sus rendiciones de cuentas. En un fallo que resuena fuerte, se aprobaron las cuentas de Balcarce del ejercicio 2024, pero no sin antes aplicar severas amonestaciones al Intendente Esteban Andrés REINO, al Secretario de Gobierno Ricardo Heberto STOPPANI, a la Delegada Mariángeles PIETRANTUONO, al Director Lucas Santiago QUIÑONES y a la Directora Silvana Mariel SANTILLÁN. Además, el Tesorero Mario Esteban DI CICCO recibió un llamado de atención, destacando la necesidad de mayor rigor en la administración de fondos públicos.
No es el único caso. En Villarino, la rendición de cuentas del ejercicio 2024 también fue aprobada, pero el Intendente Carlos José Ceferino BEVILACQUA, el Presidente del Ente Municipal de Producción Gabriel Andrés OLIVIERI, el Contador Mauricio Javier BONACORSI y la Tesorera Gisela Beatriz LISSI fueron objeto de Llamados de Atención por diversas inconsistencias. El HTC mantiene en suspenso decisiones sobre otras materias, dejando a funcionarios como Juan Pablo FROLIK (Presidente del Concejo Deliberante de Tandil) bajo la espada de Damocles hasta nuevo aviso.
Por si fuera poco, el Tribunal también revisó el caso de Almirante Brown del ejercicio 2022, donde el Intendente Juan José FABIANI y la Contadora Municipal María Eleonora ORSONI vieron reducidas sus multas, aunque no eximidos de responsabilidad. Fabiani pasó de una multa de $100.000,00 a $90.000,00, y Orsoni de $80.000,00 a $79.400,00. Estas decisiones subrayan la implacable vigilancia del órgano de control sobre el uso de los recursos de todos los bonaerenses, enviando un mensaje claro a la clase política local: la transparencia no es negociable.
"La sentencia podrá ser recurrida dentro del plazo de quince días conforme lo establecido en el artículo 38 de la Ley 10869."
Para el ciudadano común, estos fallos significan un paso más hacia la rendición de cuentas de los funcionarios, aunque las sanciones económicas parezcan modestas frente a los presupuestos manejados. Es crucial seguir de cerca estos procesos para garantizar que las autoridades locales administren con la debida diligencia.
18 de febrero de 2026

2 de enero de 2026
20 de febrero de 2026