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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó autorizaciones cruciales a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para su personal en instalaciones Clase I y del Ciclo de Combustible Nuclear, a pesar de que la entidad pública registra deudas por tasas regulatorias. La decisión se justificó por "razones de interés público", pero con intereses punitorios, generando un debate sobre la gestión de fondos y la seguridad nuclear en Argentina.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), pilar fundamental de la actividad nuclear argentina, se encuentra en el ojo de la tormenta. El Boletín Oficial publicó hoy dos resoluciones explosivas de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la 343/2025 y la 345/2025, que destapan una situación que genera más preguntas que respuestas: la CNEA recibió Autorizaciones Específicas y Renovaciones de Autorizaciones Específicas para su personal que opera en las sensibles Instalaciones Clase I y del Ciclo del Combustible Nuclear (CCN), ¡a pesar de adeudar el pago de la tasa regulatoria!
Según la Ley N° 24.804, los usuarios de material radiactivo deben abonar una tasa regulatoria anual y por adelantado. Sin embargo, la ARN, en un giro sorprendente, decidió "dar curso favorable a las respectivas tramitaciones" para la CNEA, invocando "razones de interés público". Esto significa que el personal clave para la seguridad y operación de nuestras plantas nucleares podrá seguir trabajando, pero la CNEA deberá enfrentar los intereses punitorios por su incumplimiento.
La pregunta que resuena en los pasillos del poder y entre los contribuyentes es clara: ¿hasta qué punto el "interés público" justifica pasar por alto las normativas de pago que rigen para todos los demás? ¿Es un salvavidas necesario para evitar un colapso en la operación nuclear o una señal preocupante de la laxitud en el control de las finanzas públicas en un sector tan crítico?
Esta situación pone en relieve la delicada balanza entre la continuidad operativa de un sector estratégico y la estricta observancia de las obligaciones fiscales. Los anexos con los nombres del personal y las instalaciones involucradas, lamentablemente, no fueron publicados, lo que añade un velo de misterio a esta controvertida decisión. Los ciudadanos y las empresas que cumplen rigurosamente con sus pagos seguramente observarán con lupa cómo se maneja este "interés público" en el futuro.
