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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó y renovó permisos esenciales para el manejo de material radiactivo, pero dos casos de excepción generan polémica al perdonar deudas millonarias por "interés público". ¿Privilegios o necesidad urgente?
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha movido el tablero con una serie de resoluciones que, si bien son rutinarias en su mayoría, esconden dos excepciones explosivas que ya están dando que hablar. Por un lado, las Resoluciones 630/2024 y 631/2024 confirman el otorgamiento y renovación de Autorizaciones Específicas y Permisos Individuales para personal que opera en Instalaciones Clase I y para el uso de radioisótopos en aplicaciones industriales. Esto es vital para que el sector nuclear y ciertas industrias sigan operando con seguridad, asegurando que el personal esté debidamente capacitado y cumpla con las estrictas normas de la Ley Nacional de la Actividad Nuclear N° 24.804. Es el día a día de la regulación, garantizando que el manejo de materiales peligrosos esté en manos idóneas y bajo control.
Pero la verdadera bomba viene con las Resoluciones 632/2024 y 633/2024. En un giro inesperado, la ARN autorizó excepciones a la Ley N° 24.804, permitiendo a las farmacéuticas Maricel PIRCHIO y Natalia CÓRDOBA renovar y obtener sus permisos individuales para operar con material radiactivo, a pesar de tener deudas pendientes por tasas regulatorias. La justificación es el "interés público": Pirchio trabaja en el Laboratorio Control de Calidad de la Planta de Producción de Radioisótopos de la CNEA, y Córdoba en la Sección Radiofarmacia Hospitalaria del Centro de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas José de San Martín.
"Conceder un Permiso Individual para Registro a un solicitante que no abonó la tasa anual regulatoria implica una excepción a la normativa aplicable."
Esta medida, solicitada por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), permite que el pago de las tasas se realice posteriormente, aunque con intereses punitorios. Esto plantea un debate crucial: ¿hasta dónde el "interés público" justifica saltear normativas que, en teoría, aseguran la sostenibilidad financiera del ente regulador? Si bien la continuidad de servicios críticos de salud y producción de radioisótopos es fundamental, la puerta que se abre a las excepciones podría generar precedentes. Los ciudadanos y empresas que cumplen a rajatabla con los pagos podrían sentirse perjudicados. Es una señal de que, en Argentina, la burocracia a veces cede ante la urgencia, pero ¿a qué costo? Estaremos atentos a cómo impacta esta decisión en la recaudación y la percepción de equidad regulatoria.
