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La ARN otorga licencias clave a una médica y a la CNEA, pasando por alto deudas regulatorias. ¿Es una medida por el bien común o una puerta abierta a la discrecionalidad?
En un giro que genera debate, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha decidido hacer la vista gorda con deudas regulatorias y otorgar permisos cruciales a una profesional de la salud y a la mismísima Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Las Resoluciones 628/2024 y 629/2024 revelan un accionar "en carácter de excepción" que, si bien se justifica por el "interés público", no deja de levantar cejas sobre la equidad en la aplicación de la ley.
La Resolución 628/2024 beneficia a la DOCTORA Gabriela SAN MARTÍN, quien obtiene la renovación de su Permiso Individual para USO DE FUENTES RADIACTIVAS NO SELLADAS EN ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, a pesar de tener una deuda por tasa regulatoria (Factura N° 0001-00069043). La justificación de la ARN es que la Dra. San Martín trabaja en el Centro Oncológico de Medicina Nuclear del Instituto Ángel Roffo, brindando servicios asistenciales de salud "de interés público", y que su permiso no puede interrumpirse. La CNEA incluso intercedió para que se aprobara la excepción, autorizando el pago de la deuda con intereses punitorios después de la emisión del permiso.
De manera similar, la Resolución 629/2024 otorga renovaciones de Autorizaciones Específicas Clase I y un Permiso Individual Clase II a personal de la CNEA. Aquí también, la ARN reconoce que la CNEA adeuda la tasa regulatoria establecida en el Artículo 26 de la Ley N° 24.804, pero decide dar curso favorable a las tramitaciones "por razones de interés público" y permite el pago posterior.
“¿Hasta dónde llega el 'interés público' cuando se trata de hacer cumplir la ley? Estas excepciones, aunque justificadas individualmente, marcan un precedente delicado en la rigurosidad regulatoria.”
La Ley N° 24.804 es clara: el pago anual de la tasa regulatoria es una obligación. Estas decisiones, aunque buscan evitar la interrupción de servicios esenciales (médicos y nucleares), abren la puerta a la discrecionalidad y podrían generar un debate sobre si todos los actores son tratados con la misma vara. Para los ciudadanos, es una doble lectura: por un lado, se garantiza la continuidad de servicios vitales; por el otro, surge la pregunta de por qué algunos pueden incumplir con sus obligaciones y otros no. La ARN deberá ser transparente sobre cómo y cuándo se aplican estas "excepciones" para no erosionar la confianza en su rol regulador. Es fundamental estar atentos a futuras decisiones que puedan seguir este camino.
