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La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) otorgó licencias y renovaciones cruciales para el personal y actividades atómicas, pero las excepciones en el pago de tasas regulatorias para la CNEA encienden la polémica. ¿Interés público o privilegio VIP?
¡Atención, ciudadanos! El Boletín Oficial nos trae una serie de resoluciones de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) que, a primera vista, parecen trámites de rutina. Pero rascando la superficie, encontramos una maniobra que levanta sospechas. La ARN, mediante las Resoluciones 755, 756 y 757/2025, ha decidido dar luz verde a permisos y renovaciones para actividades y personal nuclear, vitales para la seguridad del país.
La Resolución 756/2025 es la menos controversial: aprueba renovaciones de licencias para personal de Instalaciones Clase I que cumplió con todo, incluyendo el pago de tasas. ¡Bien por la burocracia eficiente!
Sin embargo, el plato fuerte viene con las Resoluciones 755/2025 y 757/2025. En ambos casos, la ARN otorgó permisos y renovaciones a personal y a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respectivamente, a pesar de que adeudaban la tasa regulatoria anual. ¿La justificación? "Interés público" y para no "perjudicar el correcto funcionamiento y cumplimiento del servicio que brinda" la CNEA. Esto significa que, con una excepción explícita a la Ley N° 24.804 (Artículo 26), se permitió el pago posterior, aunque con intereses punitorios.
Esta situación plantea serias preguntas sobre la equidad regulatoria. Si bien la labor de la CNEA es fundamental, ¿es aceptable que una entidad estatal goce de un trato preferencial que no tendrían otras instituciones o individuos? Se abre una puerta peligrosa a la discrecionalidad en un sector tan sensible como el nuclear. La continuidad de operaciones es clave, sí, pero la disciplina fiscal y el cumplimiento de la ley deberían serlo también.
Para el ciudadano común, esto significa que las reglas no siempre son iguales para todos, incluso cuando se trata de organismos que manejan material radiactivo. Es crucial que la ARN garantice la seguridad y la transparencia sin crear privilegios que socaven la confianza en las instituciones.
9 de diciembre de 2025
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