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VIALIDAD NACIONAL sanciona con multas de 320.000 y 480.000 Unidades de Penalización a Caminos del Río Uruguay S.A. por no cumplir con los estándares de mantenimiento de la Ruta Nacional N° 14, poniendo en riesgo la seguridad vial.
La Dirección Nacional de Vialidad ha desatado un escándalo vial al imponer multas millonarias a la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. por el deplorable estado de la Ruta Nacional N° 14. Dos resoluciones explosivas, la 213/2025 y la 214/2025, revelan sanciones que suman 700.000 Unidades de Penalización (UP), equivalentes a una cifra monumental que golpea duramente a la empresa.
Las inspecciones de 2022 fueron lapidarias: la concesionaria no cumplió con los Índices de Estado (IE) ni con los Índices de Serviciabilidad Presente (ISP) exigidos por contrato en varios tramos clave de la Ruta Nacional N° 14. Esto se traduce en pavimento deteriorado, deformaciones y ahuellamientos que, según Vialidad, representan un 'peligro para la seguridad vial' y un 'menoscabo en las condiciones de estética, seguridad y confort para el usuario'. ¡Una vergüenza para quienes transitan a diario!
La empresa intentó excusarse, alegando que la falta de pago del 50% de las obras por parte del concedente la eximía de culpas. Pero Vialidad fue contundente: esa cláusula solo aplicaba a obras específicas, no al mantenimiento rutinario. Además, se señaló que Caminos del Río Uruguay S.A. ya había recibido incrementos tarifarios para financiar repavimentaciones que, sospechosamente, no se concretaron. Permitir la anulación de la multa sería otorgarles un 'doble beneficio' injustificado.
Para el ciudadano común, esta noticia es un respiro, pero a la vez una alerta. Se castiga a una empresa por incumplir, lo cual es positivo. Sin embargo, pone de manifiesto el crónico deterioro de infraestructuras críticas y la falta de inversión que afecta directamente la seguridad y la economía. La Ruta 14, un corredor vital, seguirá siendo un peligro latente hasta que se garantice su óptimo mantenimiento. Es un llamado de atención a todas las concesionarias: ¡el Estado está vigilando y cobrará caro la desidia!
