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Vialidad Nacional castiga con **649.000 Unidades de Penalización** a Caminos del Río Uruguay S.A. por el *deplorable estado* de tramos clave en el Corredor Vial N° 18, incluyendo baches y bajos índices de estado. ¿Quién paga los platos rotos de la desidia?
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha desatado una verdadera tormenta sobre la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., la concesionaria del vital Corredor Vial N° 18, que incluye tramos de las Rutas Nacionales A015, 117 y 14. A través de una serie de resoluciones explosivas, el organismo estatal le impuso una multa combinada de 649.000 Unidades de Penalización (UP) por incumplimientos flagrantes en el mantenimiento y conservación de las calzadas, que ponen en riesgo directo la seguridad de miles de conductores.
Las actas de constatación de 2022 y 2023 revelaron un panorama desolador:
La concesionaria intentó defenderse, alegando que el Estado no cumplió con el pago del 50% de las obras comprometidas. Sin embargo, Vialidad Nacional rechazó de plano este argumento, señalando que la cláusula a la que se referían solo aplicaba a la realización de obras y no eximía de las obligaciones de mantenimiento rutinario. Además, la DNV recordó que se aprobaron múltiples aumentos tarifarios a lo largo de los años para mantener la "viabilidad económica" de la concesión, y que permitir la anulación de estas multas implicaría un doble beneficio para la empresa: no pagar por su desidia y seguir cobrando tarifas ajustadas por obras que no se materializaron completamente.
Esta decisión es un golpe en la mesa de Vialidad Nacional que busca garantizar la seguridad vial. Los incumplimientos de Caminos del Río Uruguay S.A. no son meros detalles administrativos; representan un peligro real para los usuarios. Los baches y las deformaciones en la calzada aumentan la probabilidad de accidentes, afectan la estabilidad de los vehículos y disminuyen drásticamente el confort y la estética de las rutas. Los automovilistas, que pagan peajes y tarifas, tienen derecho a exigir rutas en condiciones óptimas. Esta multa, si bien no repara el daño de inmediato, sienta un precedente sobre la responsabilidad de las concesionarias. La ciudadanía debe estar atenta a la ejecución de estas penalidades y a las mejoras efectivas en las rutas.
"Si la penalidad fuera anulada, la Concesionaria podría beneficiarse económicamente de un doble beneficio: por un lado, al no abonar la penalidad, y por otro, al recibir ingresos derivados de los ajustes tarifarios aprobados." - Área Financiera DNV
Para estar informado: Seguí los comunicados de la Dirección Nacional de Vialidad y los informes de organizaciones de usuarios de rutas para verificar que las mejoras prometidas se concreten y que la seguridad vial sea una prioridad.