Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense desata una serie de fallos que confirman cargos millonarios por faltantes y, a su vez, revoca responsabilidades previas, manteniendo el ojo fiscalizador sobre la gestión de fondos públicos en la Provincia. ¡Un vaivén de la justicia contable!
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha vuelto a ser noticia, publicando una serie de fallos que sacuden el panorama de la rendición de cuentas en la administración pública. Estas resoluciones, aunque de carácter administrativo, revelan la constante vigilancia sobre el uso de los recursos estatales y el destino de los contribuyentes.
En el Fallo 747/2025, la señora Marianela Cazzappa fue declarada responsable patrimonial por un faltante detectado en el Organismo Provincial de la Niñez, con una suma de $772.799,08. El Tribunal le fijó un plazo de 90 días para depositar el importe en el Banco Provincia, bajo apercibimiento de acciones legales. Este caso subraya la rigurosidad del control sobre el patrimonio público y la responsabilidad individual de los funcionarios.
Por otro lado, el Fallo 748/2025 trajo alivio para algunos. Los señores Alejandro Avelino Fernández e Ivanna Beatriz Jerez, agentes municipales de Morón, vieron dejados sin efecto los cargos que se les habían impuesto en una sentencia anterior (del 29 de abril de 2019) por presuntas irregularidades en el ejercicio 2017. Esta revocatoria demuestra que los procesos de revisión pueden modificar decisiones previas, ofreciendo una segunda oportunidad a los involucrados.
Finalmente, el Fallo 753/2025 no fue tan benévolo para Mario Oscar Preiato y Laura Selva Garcia Radresa, ex-presidente y vicepresidenta/tesorera del Consejo Escolar de La Plata. El Tribunal confirmó un cargo por $460.117,74 relacionado con el ejercicio 2005. Ambos deberán responder solidariamente por $205.241,95, y Preiato, junto a Garcia Radresa, por $254.875,79. Un recordatorio contundente de que la justicia contable tiene memoria y puede actuar con años de retraso.
Estos casos, regidos por la Ley N° 10.869, muestran la complejidad de la fiscalización estatal. Para los ciudadanos, es un recordatorio de que existe un organismo que, aunque a veces lento, busca asegurar la correcta administración de los fondos públicos.
