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La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense autoriza millonarias redeterminaciones de precios para el servicio de lanchas escolares en el Delta, disparando la polémica sobre el gasto público en plena crisis económica. Un golpe al bolsillo del contribuyente.
En un golpe al bolsillo del contribuyente, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires acaba de convalidar una serie de redeterminaciones de precios para el crucial servicio de transporte fluvial exclusivo que traslada a alumnos, docentes y personal auxiliar de las escuelas del Delta Bonaerense. Bajo el paraguas del Decreto 1314/2022, se aprobaron incrementos que, sumados, superan los 44 millones de pesos, elevando el costo total de estos contratos a cifras multimillonarias.
Las empresas TIGRE TRANS S.A. (CUIT 30-70975098-0), LÍNEAS DELTA ARGENTINO S.R.L. (CUIT 30-50679384-6) y el proveedor Amorfini Patricio Roberto (CUIT 20-32948373-9) son los grandes ganadores de esta jugada. Los ajustes, que se realizan en el marco de la Licitación Pública Nº 10/23, se justifican por variaciones de precios que, según los cálculos oficiales, rondan el 5,95% en la undécima redeterminación. Sin embargo, el impacto acumulado es monstruoso:
'La correcta prestación del servicio y los índices de precios utilizados' son la base de estas decisiones, según reza el Boletín Oficial, pero ¿quién controla la verdadera necesidad de estos ajustes y su impacto real en las arcas provinciales?
Para el ciudadano de a pie, esta noticia significa que una parte considerable de sus impuestos se destina a mantener un servicio que, si bien es vital para las comunidades isleñas, ve sus costos dispararse. La opacidad en la justificación de estos porcentajes y la recurrencia de estas "redeterminaciones" genera dudas sobre la eficiencia y la transparencia del gasto público en tiempos de ajuste. Es fundamental que la sociedad exija un mayor control sobre estos contratos que mueven miles de millones.
