¡FALLO HISTÓRICO DE LA CORTE! CABA gana autonomía judicial y la Justicia Nacional tiembla

¡Un terremoto en los tribunales! La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) acaba de sentenciar un cambio de paradigma en la estructura judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En un fallo que resonará por décadas, el Máximo Tribunal declaró al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de CABA como el "superior tribunal de la causa" para los litigios que tramitan ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad. Esto es, ni más ni menos, que un salto cuántico en la autonomía judicial porteña.

¿Qué significa este cambio radical?

Hasta ahora, las sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones (en fueros como Civil, Comercial, Laboral, Penal) eran revisadas directamente por la Corte Suprema cuando se interponía un recurso extraordinario federal. Con esta decisión, el TSJ de CABA se interpondrá como instancia previa y necesaria, tal como ocurre con los tribunales superiores de las provincias. La Corte busca así aplicar la doctrina "Strada" y "Di Mascio", que exige que los pleitos "fenecan" en la jurisdicción local antes de llegar a sus estrados.

El fallo de la CSJN es una respuesta contundente a los treinta años de "inmovilismo" en la transferencia de la justicia nacional ordinaria a la órbita de CABA, un mandato de la reforma constitucional de 1994 que nunca se concretó plenamente. La Corte exhorta nuevamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nación y CABA a "readecuar la estructura institucional y normativa necesaria".

Implicaciones y controversias

Este pronunciamiento tiene múltiples aristas: por un lado, fortalece la autonomía de CABA y su sistema federal. Por otro, genera una reconfiguración profunda para los justiciables y los operadores del derecho, que deberán adaptarse a una nueva instancia recursiva. La disidencia del Dr. Rosenkrantz advierte que esta medida "supone un rediseño institucional de significativa trascendencia en el sistema federal argentino" y que no corresponde a la Corte "asignar, de manera directa [...] las competencias propias de un tribunal nacional a uno local".

La decisión, que se aplicará a los casos pendientes con conflictos análogos y a las apelaciones contra sentencias de cámaras nacionales notificadas después de este fallo, busca dar certeza procesal a los ciudadanos. Es un recordatorio de que, si la política no avanza en los mandatos constitucionales, la Justicia puede y debe intervenir para hacerlos cumplir, aunque esto genere fricciones y debates intensos.