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El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires notifica resoluciones que incluyen cargos pecuniarios y reversiones de responsabilidades a exfuncionarios, detallando sanciones y plazos para recursos en diferentes gestiones municipales.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha emitido y notificado diversas resoluciones que afectan a exfuncionarios, subrayando la vigilancia sobre la gestión de fondos públicos.
En un fallo fechado el 6 de noviembre de 2025, se declaró a Rubén Darío Videla patrimonialmente responsable por incumplimientos a la Ley N° 13.767, imponiéndole un cargo pecuniario de $947.370,49. Se le ha otorgado un plazo de 90 días para realizar el depósito correspondiente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y 15 días para presentar recursos. Es importante destacar que una de las notificaciones sobre este mismo fallo fue dirigida a Mariano Nahuel Garcia, lo que sugiere un interés o relación con el expediente.
Una resolución de revisión del 5 de marzo de 2026, relacionada con la Municipalidad de La Plata (ejercicio 2018), mantuvo un cargo de $16.375,35 para el ex-Director General de Asuntos Jurídicos, Rodrigo Héctor Vallejos. Sin embargo, el Tribunal aclaró que, dado un depósito previo efectuado, no es necesario perseguir el cobro de dicho monto, lo que indica un cumplimiento parcial de la obligación.
En otro fallo de revisión del 5 de marzo de 2026, que analizaba las cuentas de la Municipalidad de La Plata del ejercicio 2017, el Tribunal decidió dejar sin efecto cargos previamente formulados contra los agentes Claudio Gabriel Baigorria, Matías Ezequiel Theaux, José Vicente Tesone, Héctor Pablo Russo y Jorge Antonio Romero. Esta decisión implica una revisión favorable para los mencionados, eliminando las responsabilidades solidarias que se les habían imputado.
Estas decisiones del Tribunal de Cuentas son fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas en la administración provincial y municipal. Los procesos de revisión y las notificaciones reflejan el debido proceso y la posibilidad de defensa de los involucrados. Para los ciudadanos, estos fallos aseguran que los recursos públicos sean gestionados con responsabilidad y que se apliquen las sanciones correspondientes ante irregularidades. Es crucial mantenerse informado sobre estas actualizaciones, ya que afectan directamente la integridad de la gestión estatal.
