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Una cascada de resoluciones del Ministerio de Cultura porteño revela la aprobación de múltiples contratos de locación de servicios para artistas. Una gestión que alimenta la escena local, pero que también genera interrogantes sobre la transparencia y el destino de los fondos públicos.
El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ha destapado una serie de resoluciones idénticas que, en conjunto, dibujan un panorama de intensa actividad en el Ministerio de Cultura. Bajo los números 167 a 171, y luego 174 a 176/MCGC/26, se oficializa la aprobación de múltiples contratos de locación de servicios artísticos. Esto significa que el gobierno porteño ha dado el visto bueno para la contratación de diversos artistas y profesionales del ámbito cultural, garantizando la continuidad de espectáculos, talleres o proyectos específicos.
Aunque cada resolución individualmente parece un mero trámite administrativo, la acumulación de estas aprobaciones en un mismo día o período cercano subraya una política de inversión constante en el sector cultural. Para los artistas y gestores culturales, esto representa una fuente vital de trabajo y financiamiento en un contexto muchas veces precario. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, surge la pregunta sobre la eficiencia y el impacto real de estos gastos. ¿Se están optimizando los recursos para llegar a la mayor cantidad de público posible? ¿Existe una rendición de cuentas clara sobre la calidad y el alcance de estos servicios?
El contexto es siempre el mismo: el Estado, a través del Ministerio de Cultura, actúa como principal motor y financiador de gran parte de la actividad cultural. Esta intervención es crucial para la diversidad artística y el acceso a la cultura, pero no está exenta de críticas. La transparencia en la selección de los artistas y la justificación de los montos asignados son puntos clave que a menudo quedan en la penumbra de estas resoluciones genéricas.
'La cultura es un derecho, pero también una inversión que debe ser gestionada con la máxima responsabilidad y transparencia', podría ser la consigna que debería guiar cada una de estas aprobaciones.
Los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se invierte cada peso en el vasto universo de la cultura. Estas aprobaciones, aunque rutinarias, nos recuerdan la constante inyección de fondos públicos en un sector que, si bien vital, requiere escrutinio.
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