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La Secretaría de Cultura y el Ministerio de Justicia agitan el tablero estatal con una catarata de designaciones transitorias y extensiones. ¿Mérito o acomodo? Algunos incluso sortean requisitos clave para acceder a puestos de alto rango.
El Boletín Oficial de hoy destapó una verdadera lluvia de movimientos en la cúpula administrativa, dejando al descubierto una serie de designaciones y prórrogas que encienden las alarmas sobre la transparencia y los criterios de ingreso al Estado. Desde la Secretaría de Cultura hasta el Ministerio de Justicia, parece que la 'reestructuración' se traduce en una danza de nombres que acceden a cargos clave, algunos de ellos con llamativas excepciones a la normativa vigente.
En el ámbito cultural, el arquitecto Juan Martín Repetto (CUIL 20-4705555-6) fue designado ad honorem como Director del Museo María Eva Duarte de Perón, a pesar de no cumplir con el requisito de edad previsional. ¿Un gesto de honor o una puerta trasera para expertos "indispensables"? Similarmente, Luis Alberto Tozzo (CUIL 20-13800445-8) se convierte en Director de Investigaciones Históricas, también con una excepción a la regla de ingreso por edad. Ambos nombramientos son transitorios por 180 días hábiles, prometiendo un concurso que, en la práctica, muchas veces se dilata indefinidamente.
La cartera de Justicia no se queda atrás. Rodolfo Agustín Carol Lugones Casá (DNI 17.231.987) asume la Dirección de Interpretación Normativa y Procedimiento Recursivo del Registro de la Propiedad Inmueble, con la particularidad de que su ascenso se da excepcionalmente sin cumplir los requisitos mínimos del SINEP. El mismo 'favor' recibió Martín Augusto Cortese (DNI 31.303.641), quien ahora lidera la Dirección Nacional del Derecho de Autor, también por un período de hasta tres años. Para rematar, Pablo Rubén Basilio (DNI 22.980.206) ve extendida su designación transitoria como Director General de Administración del Ministerio de Justicia por otros 180 días hábiles.
Estos movimientos, justificados por "necesidad e impostergabilidad" y "cargos vacantes y financiados", muestran una constante en la administración pública: la provisión de puestos clave mediante mecanismos transitorios y excepciones, lo que genera dudas sobre la meritocracia y la estabilidad a largo plazo. Los ciudadanos se preguntan: ¿cuándo veremos concursos transparentes y abiertos que garanticen la idoneidad sin atajos?
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