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El Ministerio de Cultura de CABA aprueba una batería de contratos de locación de servicios artísticos, encendiendo las alarmas sobre la gestión de fondos y la transparencia. ¿Quiénes son los beneficiados y a qué costo para el erario público?
En un movimiento que seguramente generará debate, el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dado el visto bueno a una avalancha de contratos de locación de servicios artísticos. Las Resoluciones N° 257, 258, 259, 260 y 261/MCGC/26, todas publicadas en el Boletín Oficial, confirman esta ola de aprobaciones. Cinco resoluciones consecutivas para el mismo tipo de trámite, un verdadero festival de sellos y firmas.
Aunque los detalles específicos de cada contrato —como los nombres de los artistas o los montos exactos— no se explicitan en estas resoluciones, el volumen de aprobaciones simultáneas es lo que llama la atención. ¿Estamos ante un impulso masivo a la actividad cultural o una distribución discrecional de recursos? La falta de información detallada en el propio Boletín alimenta las especulaciones sobre la equidad y justificación de estas contrataciones.
Para el sector artístico, esto podría significar un respiro y oportunidades laborales, tan necesarias en estos tiempos. Sin embargo, para el contribuyente, surge la pregunta sobre la eficiencia y la transparencia de estos gastos. Es fundamental que el Ministerio de Cultura detalle los criterios de selección y los montos involucrados para disipar cualquier sombra de duda. En un contexto de austeridad, la asignación de fondos públicos para servicios artísticos siempre estará bajo la lupa ciudadana. ¿Será esta una inyección vital para la cultura porteña o un nuevo foco de sospechas? La clave estará en la información que se revele a posteriori, si es que se revela.
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