¡Fin al curro universitario! El Gobierno cierra la canilla de contratos directos

En un golpe de timón que promete generar un terremoto en el ámbito universitario y social, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1091/2024, ha modificado el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. La medida más resonante es la eliminación de la contratación directa con las Universidades Nacionales y con las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social. ¡Se acabó el privilegio!

Hasta ahora, miles de convenios con universidades y facultades, por servicios de consultoría, asistencia técnica, investigación y auditoría, se celebraban a dedo, sin pasar por el filtro de la competencia. El decreto, impulsado por la emergencia pública en materia administrativa y económica, argumenta que esta modalidad "ha proliferado de manera irrazonable", atentando contra el interés público y la transparencia. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) reveló más de 2.000 convenios solo en 2022 y 2023, lo que encendió las alarmas.

¿Qué cambia y a quién afecta?

La norma sustituye el inciso d) del artículo 25 del Decreto N° 1023/01, estableciendo que la contratación directa será una excepción estricta. Para las universidades, la puerta se cierra casi por completo: ya no podrán ser contratadas de esta manera, salvo en casos muy específicos de colaboración entre entidades estatales que tengan por objeto la prestación de servicios de seguridad, logística o de salud, y siempre que no haya subcontratación. Esto significa que la gran mayoría de los contratos por asesorías o proyectos de investigación que antes se asignaban de forma directa, ahora deberán pasar por licitación pública, un proceso que busca la oferta más conveniente y asegura la transparencia.

Implicaciones y polémica

Esta decisión es un mazazo para el financiamiento de muchas áreas universitarias y para las organizaciones de la economía social que dependían de estos convenios. Si bien el Gobierno lo vende como una cruzada contra la corrupción y el uso discrecional de fondos, desde el sector afectado seguramente se levantarán voces que denuncien un desfinanciamiento encubierto o una estocada a la autonomía universitaria. La medida busca "garantizar un efectivo control de los recursos de la Administración Pública Nacional y asegurar la transparencia de su uso", pero el impacto social y económico en los sectores que se beneficiaban de estos contratos podría ser devastador. Es una clara señal de un Estado que busca achicar su intervención y fomentar la competencia en todos los niveles de contratación.