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GABOBRA S.A. recibe una dura sanción de dos años de suspensión para contratar con el Estado provincial por haber presentado un certificado adulterado del Ministerio de Trabajo. Un golpe a la transparencia en las contrataciones.
Un caso de presunta adulteración y falseamiento de documentos sacude el ámbito de las contrataciones públicas en la Provincia de Buenos Aires. El Organismo Provincial de Contrataciones (OPC) ha dictado la Resolución N° 46-OPCGP-2026, aplicando una sanción ejemplar a la firma GABOBRA S.A. (CUIT 30-71580691-2): una suspensión por dos (2) años para contratar con el Estado provincial.
La gravedad de la situación radica en que GABOBRA S.A. presentó un certificado del Ministerio de Trabajo presuntamente falso. Las investigaciones del OPC revelaron una serie de irregularidades alarmantes: la supuesta funcionaria firmante había renunciado un año antes (en octubre de 2024), el formato del certificado no era el vigente y, para colmo, el expediente consultado era ¡inexistente! Esto no es un simple error, es una maniobra que atenta directamente contra la integridad y la transparencia de los procesos licitatorios.
La empresa había sido suspendida preventivamente en enero de 2026, y tras ser notificada para presentar descargos, no hizo uso de su derecho, lo que allanó el camino para la sanción definitiva. Esta medida se encuadra en el Artículo 24, apartado 3, inciso d), punto 2 del Anexo I del Decreto N° 59/19, que castiga severamente la adulteración de información ante el Registro Único de Proveedores y Licitadores del Estado.
Este caso es una advertencia contundente para todas las empresas que buscan hacer negocios con el Estado: la fiscalización es cada vez más estricta, y las consecuencias por intentar engañar al sistema son severas. Para los ciudadanos, es una señal de que se busca proteger el dinero público y garantizar que las obras y servicios se adjudiquen a proveedores honestos y calificados.
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