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El Ministerio de Justicia redobla la apuesta en su plan de “racionalización” del Estado, anunciando la supresión de 155 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. Una medida drástica que busca simplificar trámites, pero que genera incertidumbre sobre el futuro de la gestión vehicular.
En una movida que sacude el sistema registral automotor, el Ministerio de Justicia, bajo la Resolución 19/2025, ha decidido suprimir 155 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor. Esta decisión se enmarca en la reforma integral iniciada con el DNU-2023-70-APN-PTE, que ya había eliminado 136 oficinas en una etapa anterior. El objetivo declarado es la reestructuración y racionalización de la Administración Pública Nacional, buscando eficiencia y desburocratización.
La medida afecta a Registros Seccionales que se encontraban intervenidos por personal externo o cuyos encargados titulares habían renunciado. Esto significa que cientos de oficinas donde los ciudadanos realizaban trámites de compraventa, transferencia, patentamiento y prenda de vehículos dejarán de operar. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) será la encargada de determinar los plazos y la forma de implementación, una vez que las condiciones técnicas lo permitan. Esto abre un interrogante crucial: ¿cómo se reubicarán los trámites? ¿Habrá un período de transición claro para los usuarios?
Para el ciudadano común, esta supresión podría significar, a largo plazo, una simplificación y agilización de procesos, si es que el Gobierno logra digitalizar y centralizar eficazmente las gestiones. Sin embargo, en el corto plazo, es probable que genere confusión y posibles demoras mientras se redefinen las sedes o se implementan nuevas modalidades. Es fundamental que el Ministerio de Justicia brinde información detallada sobre dónde y cómo se realizarán los trámites que antes se gestionaban en las oficinas cerradas. La promesa es reducir costos y tiempos, pero el desafío es enorme para evitar un colapso en la atención.
"Todo ello, en pos del cumplimiento de los objetivos que se desprenden de las modificaciones introducidas en el Régimen Jurídico del Automotor por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° DNU-2023-70-APN-PTE, especialmente aquellos vinculados con el proceso de reestructuración y racionalización de la Administración Pública Nacional."
Para estar informado: Se recomienda seguir los canales oficiales del Ministerio de Justicia y la DNRNPACP para conocer las próximas instrucciones sobre la reasignación de trámites y la operatividad del sistema.