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El Poder Ejecutivo volvió a fallar contra personal civil de la Armada Argentina, ratificando reencasillamientos y negando un adicional salarial. ¿Es el fin de la vía administrativa o el inicio de una batalla judicial?
La Casa Rosada ha dictado una serie de decretos que confirman una postura inflexible frente a los reclamos del personal civil de la Armada Argentina. En un movimiento que cierra la vía administrativa, el Gobierno rechazó los recursos jerárquicos interpuestos por Nora Inés Pacheco (D.N.I. Nº 26.807.876), Paola Vanesa Acera (D.N.I. N° 24.536.808), Érica Cintia Torres (D.N.I. N° 34.587.778) y Ramona del Valle Godoy (D.N.I. N° 14.806.434).
Estos empleados buscaban modificar su reencasillamiento dentro del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, homologado por el Decreto N° 2539/15. Las quejas se centraban en la asignación de Agrupamientos, Niveles Escalafonarios y Grados, alegando errores basados en su titulación, antigüedad o funciones.
En el caso de Ramona del Valle Godoy, la controversia fue aún más picante: exigía la percepción íntegra del adicional por Tramo Intermedio, argumentando que las condiciones para acceder al 50% restante eran "coactivas" y afectaban sus derechos salariales. El Gobierno, sin embargo, ratificó que el reencasillamiento fue correcto y que las condiciones para el Tramo Intermedio son válidas, dejando entrever que el acceso a la totalidad de este beneficio está sujeto a cumplir con requisitos de capacitación aún no definidos.
Con estos decretos, la vía administrativa queda agotada. Esto significa que los afectados ya no pueden presentar más recursos ante el Poder Ejecutivo. La única puerta que les queda abierta es la vía judicial, para la cual tienen un plazo de 180 días hábiles judiciales a partir de la notificación.
"Esta serie de rechazos es un mensaje claro de la administración actual: se apegarán estrictamente a la letra chica de los convenios y reglamentos, sin margen para interpretaciones a favor del empleado en esta instancia administrativa."
Para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, estos casos son un recordatorio de la complejidad burocrática y la rigidez de los procesos de reencasillamiento. La lucha por una mejor categorización o salario puede ser larga y costosa.
El dato clave: El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la Oficina Nacional de Empleo Público, tomó intervención, lo que sugiere una revisión bajo la lupa de la eficiencia y la estricta aplicación de la normativa, en línea con el discurso de "achicar el Estado" y "ordenar las cuentas".
