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Tres decretos presidenciales rechazan recursos de agentes estatales, ratificando decisiones de reencasillamiento, ascensos y hasta cesantías. ¿Fin de la vía administrativa y a la justicia?
El Palacio de Gobierno se convirtió en el escenario final para tres batallas administrativas que tuvieron un mismo desenlace: el rechazo presidencial. En una muestra de la firmeza del Ejecutivo, el Presidente de la Nación ha desestimado recursos jerárquicos interpuestos por agentes estatales, agotando la vía administrativa y dejando a los afectados con la única opción de recurrir a la justicia.
Por un lado, Mónica Soledad BILLANUEVA, una agente civil de la ARMADA ARGENTINA (D.N.I. N° 26.183.764), vio cómo su reclamo por un supuesto reencasillamiento erróneo en el Agrupamiento Técnico, Nivel V, Grado 2, fue denegado. La empleada alegaba que su titulación de Analista de Sistemas de Información y antigüedad no fueron consideradas correctamente. Sin embargo, el Decreto 72/2026 confirma que la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad fue impecable, dejando sin efecto su pretensión.
En un caso similar, Lucía Edith VEGA (D.N.I. N° 14.549.052), agente del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, no logró su ansiado ascenso al Nivel A del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). El Decreto 75/2026 ratifica la decisión del Comité de Valoración, que consideró que el curso dictado por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) no cumple con los requisitos de especialización avanzada exigidos por el artículo 14 del SINEP. Una clara señal sobre la rigurosidad en las promociones dentro del Estado.
Finalmente, el ex Oficial Ayudante Américo Javier OLMEDO (D.N.I. N° 25.710.881) de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) recibió el golpe final a su carrera al ser ratificada su cesantía. El Decreto 68/2026 desestimó su recurso de apelación, confirmando que su conducta implicó una falta disciplinaria muy grave que afectó la ética y la imagen pública de la institución. Los hechos investigados en un sumario administrativo revelaron un incumplimiento de deberes que justificó la medida.
“Con el dictado del presente acto administrativo queda agotada la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial”, repiten los decretos, marcando el fin de un camino y el inicio potencial de otro en los tribunales para los afectados. Estos fallos subrayan la política de control y aplicación estricta de la normativa interna en la Administración Pública Nacional, enviando un mensaje claro a todo el personal estatal sobre las consecuencias de sus acciones y la interpretación de sus derechos. Los ciudadanos comunes deben saber que la vía administrativa tiene límites y que, en muchos casos, la última palabra la tienen los jueces. Para estar al tanto de futuras actualizaciones, se recomienda seguir los canales oficiales de los ministerios y del Poder Judicial.
