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El Ministerio de Economía renueva y ajusta las medidas antidumping sobre electrodomésticos y motores eléctricos de origen chino, fijando precios mínimos FOB para proteger a la industria nacional frente a la competencia desleal y asegurar la "repetición del daño".
El Gobierno argentino, a través del Ministerio de Economía, ha vuelto a poner la lupa sobre las importaciones provenientes de China, renovando y modificando las medidas antidumping que afectan a dos sectores clave: los electrodomésticos para cocina y los motores eléctricos. Esta decisión, que se extenderá por DOS (2) años, busca proteger a la industria nacional de lo que se considera una competencia desleal.
Las resoluciones 1303/2024 y 1311/2024 cierran los exámenes por expiración de plazo de medidas impuestas originalmente en 2018. La novedad más impactante es el cambio en la modalidad del derecho antidumping. En lugar de porcentajes ad valorem o derechos específicos, ahora se establecen valores FOB mínimos de exportación. Esto significa que si una licuadora, batidora o procesadora de alimentos, o un motor eléctrico chino, se despacha a la Argentina por debajo de un precio determinado, el importador deberá pagar la diferencia como derecho antidumping.
Para los electrodomésticos (licuadoras, batidoras, procesadoras), se fijaron los siguientes valores mínimos:
Para los motores eléctricos monofásicos, los valores varían según la potencia y los polos, oscilando entre:
Esta medida es un balón de oxígeno para empresas nacionales como LILIANA S.R.L. (fabricante de electrodomésticos) y MOTORES CZERWENY S.A., quienes habían solicitado la revisión de las medidas. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) concluyó que, sin estas barreras, era “probable que reingresen importaciones... en condiciones tales que podrían ocasionar la repetición del daño a la rama de producción nacional”.
Para el consumidor, la implicación directa podría ser un aumento en los precios de estos productos importados de China, o una reducción en su oferta, favoreciendo a los productos de fabricación local. Para los importadores, implica una barrera más a la hora de traer mercadería de origen chino, debiendo ajustar sus costos para cumplir con los nuevos mínimos o pagar la diferencia.
Este movimiento del Gobierno subraya una política de protección de la industria nacional, buscando salvaguardar puestos de trabajo y la capacidad productiva del país frente a las prácticas de comercio desleal, aunque esto pueda implicar menores opciones o precios más altos para los consumidores. Es una clara señal de intervención estatal en el mercado para defender sectores estratégicos.
