Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires no da tregua y sanciona con multas que superan los $200.000 a varias empresas por incumplimientos graves. ¿Mano dura o control necesario para los pasajeros?
¡Explota la polémica en el transporte bonaerense! El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires desató una ola de sanciones millonarias contra empresas de colectivos, acusadas de operar al margen de la ley. El objetivo es claro: endurecer los controles y garantizar la seguridad, pero el impacto económico en las firmas es brutal.
Multas que duelen en el bolsillo: En una de las disposiciones, que misteriosamente no identifica a la empresa, se aplicaron dos multas que suman $223.356 bajo la Ley N° 16378/57. Un castigo contundente con un velo de anonimato.
La firma TRANSPORTES 11 DE JUNIO S.R.L. (CUIT N° 30-70854893-2), con sede en Luján, fue golpeada con $126.372. ¿La razón? Utilizar "vehículos no habilitados" para sus servicios. Un micro (dominio AG243FU) fue detectado cubriendo la ruta Luján-Mercedes sin los permisos reglamentarios, una infracción al artículo 250 del Decreto N° 6864/58.
Y la lista sigue: MONTE GRANDE BUS S.A.S. (CUIT 30-71658606-1), de CABA, enfrenta una sanción por "realizar un servicio intercomunal sin autorización". Su vehículo (dominio AG774PM) fue sorprendido transportando cuatro pasajeros entre Monte Grande y Ezeiza sin la debida habilitación. Un dato impactante: el monto de su multa no fue especificado en el fragmento, dejando la incógnita sobre la magnitud de su castigo.
¿Mano dura o control indispensable?
Las medidas, impulsadas por Guillermo Varvasino, Director Provincial de Fiscalización, y Ricardo Daniel Bellomo, envían una señal inequívoca: la tolerancia cero a las irregularidades. Para las empresas, es un llamado urgente a la regularización de flotas y rutas. Para los usuarios, la promesa de un transporte más seguro, aunque con la posibilidad de que estos costos se trasladen a las tarifas.
Las firmas sancionadas tienen apenas diez días hábiles para recurrir y veinte para pagar. Existe un "Régimen de Regularización de Deudas" (Decreto N° 871/02) que permite el pago en cuotas, un respiro en la asfixia financiera. Un detalle clave: la falta de descargo por parte de los imputados fue crucial para la confirmación de las multas. ¡No contestar a tiempo es sinónimo de aceptar la condena! Mantenerse al día con la normativa y el Boletín Oficial es vital para cualquier operador del sector.