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Las aduanas de Formosa, Posadas y Río Gallegos aprietan el cerco contra el contrabando, notificando condenas, multas y decomisos. Se acaban los plazos para infractores: o pagan o se exponen a mayores sanciones y la pérdida de sus bienes.
¡Alerta máxima en las fronteras! Las aduanas de Formosa, Posadas y Río Gallegos han desatado una verdadera "caza" contra los infractores, publicando un aluvión de avisos oficiales que ponen a más de uno contra las cuerdas. Este despliegue no es otra cosa que la mano dura del Estado para combatir el contrabando y la evasión, con multas que escalan a cifras millonarias y el comiso de mercadería como castigo.
Desde Formosa, la División Aduana (a cargo de Adolfo Alejandro Porfirio Martinez) está notificando Resoluciones Definitivas (FALLOS) CONDENAS. Esto es grave: significa que ya no hay vuelta atrás en la vía administrativa. Además del comiso de la mercadería secuestrada, se aplican multas que los implicados deben pagar en un plazo perentorio de quince (15) días hábiles. Si no lo hacen, se exponen a mayores sanciones, aunque tienen la opción de apelar.
Mientras tanto, la Aduana de Posadas (con Adelfa Beatriz Candia al frente) y la Aduana de Río Gallegos (administrada por Pablo Daniel Arguello) están en una etapa previa, pero no menos amenazante. Están notificando "corridas de vista" o "sumarios contenciosos" por presuntas infracciones al Código Aduanero. Los imputados tienen diez (10) días hábiles para presentarse, defenderse y ofrecer pruebas. ¡Pero ojo! Hay una salida si se mueven rápido: si depositan el monto mínimo de la multa y abandonan la mercadería a favor del Estado, la acción penal aduanera se extingue.
Para algunos casos en Posadas, la situación es más urgente: 'se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario, la mercadería podría ser dispuesta por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.'
El mensaje es claro: la Aduana no perdona. Para el ciudadano común, esto subraya la importancia de operar siempre dentro de la ley. Para los infractores, es un ultimátum con consecuencias económicas y legales severas. ¡El control aduanero se intensifica y no hay lugar para la picardía!
