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Un agente civil de la Fuerza Aérea Argentina sufrió un duro revés: el Presidente rechazó su apelación por una controvertida reencasillación salarial. Ahora, Lucas Unzue deberá llevar su reclamo a la justicia, abriendo un frente legal contra el Estado por lo que considera un error en su carrera.
¡Bomba en el Boletín Oficial! El Presidente de la Nación acaba de asestar un golpe decisivo a Lucas Unzue, un agente civil de la Fuerza Aérea Argentina, al rechazar su prolongado reclamo por una supuesta mala reencasillación salarial. El Decreto 295/2026 cierra la vía administrativa, empujando a Unzue a los tribunales en una batalla legal contra el propio Estado. Este caso, que se arrastra desde 2017, ilustra la férrea burocracia que enfrentan los empleados públicos.
Unzue, Licenciado en Psicología, fue reencasillado en el Agrupamiento Profesional, Nivel III, Grado 1, según la Resolución del Ministerio de Defensa N° 618/17. Sin embargo, el agente (D.N.I. N° 28.872.787) sostiene que, por sus calificaciones y antigüedad, merecía un nivel superior. El Gobierno, en su fallo, argumenta que la asignación fue correcta y se ajustó estrictamente a los artículos 132 a 140 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Decreto N° 2539/15). Se analizaron su experiencia laboral y su antigüedad al 31 de octubre de 2016 (un año, once meses y treinta días), ratificando la decisión original.
Con este decreto, Unzue agota la vía administrativa. Ahora, su única alternativa es iniciar acciones judiciales, para lo cual tiene un plazo de 180 días hábiles judiciales desde la notificación. Esta medida no solo afecta directamente a Unzue, sino que también establece un precedente sobre la rigidez en la aplicación de los convenios laborales en el sector público. La participación de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO resalta la postura del gobierno respecto a la eficiencia y el control del personal estatal. Este pulso entre un individuo y el Estado podría marcar un hito para futuros reclamos de empleados públicos.
