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El Ministerio de Capital Humano aprobó una nueva "tarifa sustitutiva" para las contribuciones de seguridad social en la actividad yerbatera. Un cambio clave que impacta directamente en los bolsillos de productores y trabajadores rurales de Misiones y Corrientes.
El sector yerbatero de Misiones y Corrientes, siempre en el ojo de la tormenta, vuelve a ser protagonista de un ajuste crucial. La SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO ha dictado la Disposición N° 3/2026, aprobando una nueva "tarifa sustitutiva" para el Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la actividad. Esta tarifa, que entrará en vigencia a partir del 1° de abril de 2026, es fundamental para determinar las contribuciones de seguridad social de miles de trabajadores rurales y empleadores del rubro.
La tarifa sustitutiva es un mecanismo particular que permite a las asociaciones de trabajadores y entidades empresarias del ámbito rural celebrar acuerdos para simplificar y mejorar la recaudación de los recursos de la seguridad social. Su objetivo principal es formalizar las relaciones laborales y asegurar el acceso de los trabajadores y sus familias a los beneficios sociales, reemplazando el tradicional sistema de contribuciones patronales.
La actualización de esta tarifa se basa en las remuneraciones mínimas fijadas para el personal yerbatero por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Resolución N° 276/2025), vigentes desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026. Además, se tuvieron en cuenta las modificaciones en materia de contribuciones patronales dispuestas por la Ley N° 27.541 y el Decreto N° 128/2019, que establecen una detracción fija sin actualización.
Este ajuste es vital para la economía regional. Por un lado, busca garantizar la sustentabilidad del sistema de seguridad social para los trabajadores yerbateros. Por otro, representa un costo directo para los productores, que deberán adaptarse a la nueva estructura de contribuciones. La medida se ha comunicado previamente a las partes de la Comisión de Seguimiento, buscando transparencia en el proceso.
La formalización del trabajo rural es una deuda histórica. Este tipo de convenios, aunque complejos, son herramientas clave para combatir la precarización y asegurar derechos básicos. Sin embargo, su implementación y actualización siempre generan tensiones entre los diferentes actores de la cadena productiva.
