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La Unidad de Información Financiera lanza una resolución contundente para detectar y congelar fondos vinculados a la financiación de armas de destrucción masiva, imponiendo nuevas y estrictas obligaciones a bancos y otros actores económicos. ¡El control es total!
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha dado un golpe de timón en la lucha contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) con la Resolución 3/2026. Esta medida, de altísima relevancia, establece nuevas y drásticas obligaciones para los "Sujetos Obligados" (bancos, entidades financieras, etc.) en Argentina, alineando al país con las exigencias internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El corazón de la resolución es la imposición de un "congelamiento administrativo sin demora e inaudita parte" de bienes y activos sospechosos de estar relacionados con FPADM. Esto significa que los sujetos obligados deberán inmovilizar fondos de forma inmediata apenas detecten una operación sospechosa, incluso antes de cualquier comunicación formal a los afectados. Además, deberán reportar estas operaciones a la UIF en un plazo máximo de 24 horas.
"Los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, erradicación e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento." - Recomendación 7 del GAFI.
Para las instituciones financieras, esto implica un aumento significativo en la carga de cumplimiento y la necesidad de sistemas de monitoreo más robustos. El incumplimiento puede acarrear severas sanciones. Para los ciudadanos comunes y empresas legítimas, la medida busca proteger la integridad del sistema financiero y la seguridad nacional e internacional. Sin embargo, también genera la necesidad de mayor transparencia en las transacciones para evitar ser señalados erróneamente. La UIF se reserva la facultad de disponer el congelamiento administrativo, que luego deberá ser ratificado por un juez federal en un plazo de 24 horas.
Esta resolución es un paso crucial para subsanar las observaciones del GAFI y GAFILAT, fortaleciendo la reputación de Argentina en la lucha contra los delitos financieros y la proliferación de armas. Es fundamental que los sujetos obligados se mantengan actualizados y refuercen sus controles internos para evitar multas y contribuir eficazmente a esta causa global.
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