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La Provincia de Buenos Aires desembolsa cifras millonarias en redeterminaciones de precios y nuevas licitaciones. La Ley de Contrataciones 13.981 y el Decreto 59/19 se convierten en el marco para ajustar el gasto público en un contexto de precios volátiles, con más de $650 millones en juego.
La gestión de los contratos públicos en la Provincia de Buenos Aires sigue mostrando el impacto de la inflación. El Boletín Oficial revela nuevas resoluciones que ajustan precios de servicios ya contratados y lanzan millonarias licitaciones, todo bajo el paraguas de la Ley N° 13.981 y su Decreto Reglamentario N° 59/19.
Estos movimientos evidencian la presión inflacionaria sobre las finanzas provinciales. Las redeterminaciones son necesarias para mantener la operatividad de los servicios, pero implican un mayor gasto. Las nuevas licitaciones, por su parte, buscan garantizar el abastecimiento en áreas críticas como salud y niñez, pero los montos reflejan la escalada de precios. Es fundamental que el Estado asegure la transparencia y eficiencia en cada proceso para optimizar el uso de los recursos públicos. La ciudadanía debe estar atenta a la ejecución de estos contratos y a los resultados que generen.
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