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Una cascada de resoluciones ratifica la redeterminación de precios en licitaciones clave, evidenciando el impacto de la escalada inflacionaria en los proyectos educativos de la Ciudad.
El Boletín Oficial nos trae una serie de resoluciones del Ministerio de Educación que, aunque parezcan meros trámites, revelan una realidad económica que golpea a todos: la inflación. Las Resoluciones N° 378/MEDGC/26, 381/MEDGC/26, 382/MEDGC/26 y 384/MEDGC/26 ratifican las actas de redeterminación definitiva de precios para diversas licitaciones públicas y privadas de obras menores.
En criollo, esto implica que los costos originalmente pactados en los contratos de obra ya no alcanzan debido al aumento desmedido de los insumos y la mano de obra. El Estado, para que las obras no queden paradas, debe reconocer estos mayores costos y actualizar los montos a pagar a las empresas contratistas. Esto es un reflejo directo de la inestabilidad económica que atraviesa el país, donde los presupuestos se vuelven obsoletos en cuestión de meses.
Para las constructoras, es un alivio que permite continuar con los proyectos, aunque el margen de ganancia original se vea erosionado. Para el Estado, y por ende para todos los contribuyentes, significa que las obras terminan saliendo más caras de lo planificado. El dinero extra que se destina a estas redeterminaciones podría haberse usado en otros proyectos o en mejorar la calidad de los existentes. En definitiva, es un parche para un problema estructural que encarece la gestión pública y retrasa la planificación a largo plazo. Estas medidas son un dolor de cabeza constante para la administración, que debe lidiar con la imprevisibilidad económica para garantizar que las escuelas y la infraestructura educativa sigan avanzando.
12 de enero de 2026

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