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El Ministerio de Justicia acelera la implementación del Código Procesal Penal Federal en Mar del Plata y Bahía Blanca para 2025, buscando modernizar el sistema judicial y combatir el 'estancamiento' actual.
La reforma judicial pisa el acelerador. El Ministerio de Justicia, a través de la Resolución 377/2024, anunció el cronograma de implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) para dos importantes plazas: la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y la de Bahía Blanca, que verán la plena entrada en vigencia del nuevo sistema a partir del 7 de abril y 5 de mayo de 2025, respectivamente.
Este cambio no es menor. El CPPF abandona el viejo sistema inquisitivo por uno acusatorio, prometiendo mayor oralidad, publicidad, contradicción, celeridad y desformalización. La idea es dejar atrás el "estancamiento" y los "problemas normativos y operativos" que genera la coexistencia de múltiples regímenes procesales, para dar paso a una "política de persecución penal estratégica".
El Ministerio ya ha implementado esta reforma en Rosario, Mendoza, General Roca y Comodoro Rivadavia, y ahora avanza sobre la provincia de Buenos Aires. La resolución destaca que el objetivo es una "organización más eficiente de los recursos disponibles y una gestión expedita de los procedimientos administrativos internos".
Para los ciudadanos, esto significa juicios más rápidos, transparentes y con mayor participación de las partes. La oralidad, por ejemplo, permite que las pruebas se produzcan directamente ante el juez, agilizando los procesos y reduciendo la burocracia. Sin embargo, la implementación de un código de esta magnitud siempre presenta desafíos logísticos y de capacitación para todos los actores del sistema judicial, desde jueces y fiscales hasta defensores y personal administrativo. La promesa es una justicia más eficaz, pero el camino para lograrlo es complejo y requiere de un compromiso sostenido.