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El Ministerio de Justicia designa *transitoriamente* a Juan Francisco Alfonsín como Director de Comunicación, Prensa y Ceremonial. La medida, que se extiende hasta marzo de 2026, genera interrogantes por su carácter "excepcional" y las restricciones presupuestarias vigentes.
El Ministerio de Justicia sacudió el Boletín Oficial con la designación transitoria del abogado Juan Francisco Alfonsín (D.N.I. N° 41.148.290) como Director en la Dirección General de Comunicación, Prensa y Ceremonial. Esta medida, que rige desde el 7 de enero de 2026 hasta el 31 de marzo de 2026, no es una designación cualquiera: se realiza con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP). ¿Qué significa esto? Que se saltan algunas de las reglas habituales para su nombramiento, invocando la necesidad de cubrir el cargo.
La movida se da en un contexto de férreas restricciones presupuestarias impuestas por el Decreto N° 934/25, que prohíbe las designaciones y contrataciones de personal en el Sector Público Nacional. Sin embargo, el mismo decreto contempla excepciones para la cobertura de unidades organizativas con Funciones Ejecutivas y prórrogas de designaciones transitorias, lo que permite este tipo de movimientos.
"La designación que se propicia por la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario."
Esta designación, aunque transitoria, asegura la continuidad de la gestión en un área clave para la imagen y el mensaje del Ministerio. Para el ciudadano de a pie, implica que las comunicaciones oficiales seguirán un rumbo definido por un profesional con un mandato específico, aunque temporal. Para la burocracia estatal, es un recordatorio de la flexibilidad (y a veces, las excepciones) que permiten las normativas en tiempos de austeridad. El gasto, por supuesto, será cubierto por las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 40 – Ministerio de Justicia. Una jugada que, si bien es administrativa, no deja de ser un termómetro de cómo se mueve el personal clave en la administración pública.
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