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El Ministerio de Justicia pateó la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Capital Federal hasta 2027, alegando 'complejidad' y falta de recursos. ¿Otra vez la burocracia frena la modernización judicial?
Una noticia que resuena con la fuerza de un martillazo en los pasillos de Comodoro Py: el Ministerio de Justicia acaba de diferir por enésima vez la implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019) en las jurisdicciones de la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL y la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. La nueva fecha para que el sistema acusatorio, tan prometido, vea la luz es el 15 de febrero de 2027, casi un año después de la última postergación.
La Resolución 186/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por Juan Bautista Mahiques, modifica el cronograma de implementación progresiva de la Ley N° 27.150. Inicialmente, el Código debía entrar en vigencia el 11 de agosto de 2025 en CABA, luego se movió al 10 de noviembre de 2025, después al 20 de abril de 2026, y ahora, al 15 de febrero de 2027. Un verdadero via crucis para una reforma crucial.
Esta dilación impacta directamente en la promesa de una justicia más ágil, transparente y eficaz, especialmente en la lucha contra delitos complejos como la corrupción, el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, que tienen su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. La CABA concentra casi el 20% de los magistrados federales y un 15% de los fiscales, enfrentando una densidad de conflictos y riesgos criminológicos que superan al resto del país. Para los ciudadanos, significa que la tan esperada modernización del proceso penal se retrasa, manteniendo un sistema mixto que ha sido criticado por su lentitud y burocracia. Para las empresas, la incertidumbre en el marco legal penal puede afectar la confianza y la seguridad jurídica.
El Ministerio justifica la medida por 'necesidades materiales, tecnológicas y organizacionales', argumentando que la complejidad de la justicia porteña, con su volumen de causas y recursos humanos, exige una planificación y provisión de recursos excepcionales. A pesar de inversiones en infraestructura edilicia (Salas de Audiencias en Comodoro Py y Av. de los Inmigrantes), equipamiento informático y programas de capacitación para jueces y fiscales, la Procuración General de la Nación informó 'insuficiencia crítica de espacios físicos' y 'asimetría operativa' en recursos humanos y tecnológicos, lo que exige más tiempo para asegurar condiciones óptimas.
Si bien la dilación busca garantizar una implementación 'ordenada y sostenible', la repetición de las postergaciones genera desconfianza sobre la capacidad del Estado para llevar a cabo reformas estructurales. El texto reconoce un 'esquema federal de trabajo conjunto' entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la Defensoría, pero las 'dificultades técnicas, operativas y de infraestructura' persisten en el distrito más crítico del país. La ciudadanía se pregunta si la voluntad política es suficiente ante los desafíos logísticos y presupuestarios.
