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El Poder Ejecutivo desestima en cascada recursos de exfuncionarios del Ministerio de Salud y del Servicio Penitenciario Federal, ratificando desvinculaciones y sanciones por irregularidades y delitos. Se refuerza la postura sobre la estabilidad laboral y la conducta en la función pública.
Este lunes, el Boletín Oficial se tiñó de decisiones que sacuden los cimientos de la burocracia estatal. En una serie de decretos, el Presidente de la Nación ha desestimado recursos jerárquicos y de revocatoria presentados por exfuncionarios, ratificando decisiones que van desde la limitación de designaciones transitorias hasta la exoneración por graves delitos. La señal es clara: tolerancia cero con la inestabilidad laboral sin concurso y con la conducta impropia en la función pública.
El Decreto 7/2025 sepultó las esperanzas de la Licenciada Telma Gladys ARIAS (D.N.I. Nº 12.425.691), quien había apelado la limitación de su designación transitoria como Directora de Programación y Control Presupuestario en el Ministerio de Salud. La medida, que data de 2017, fue ratificada bajo el argumento de que la estabilidad en el empleo público solo se adquiere mediante concurso público, y su cargo fue una designación excepcional. Este fallo subraya la política de limitar la estabilidad a quienes no ingresaron por los canales regulares y sienta un precedente para futuros reclamos de empleados transitorios. La vía administrativa está agotada para Arias, quien ahora solo puede recurrir a la justicia.
Un golpe contundente para el ex Adjutor Principal Nicolás Manuel ASSELBORN (D.N.I. Nº 32.575.003) del Servicio Penitenciario Federal. El Decreto 8/2025 confirmó su exoneración tras ser condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 13. ¿El delito? Omisión en su deber de funcionario público de evitar torturas a una persona privada de libertad. La sentencia, que incluyó tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para cargos públicos, fue la base para la sanción disciplinaria. El Gobierno no dudó en ratificar la decisión, enviando un mensaje claro sobre la integridad y responsabilidad de las fuerzas de seguridad.
Finalmente, el Decreto 9/2025 cerró la puerta al ex-Alcaide Mayor Miguel Ángel PERROTTA (D.N.I. Nº 22.615.160), también del Servicio Penitenciario Federal. Perrotta había sido exonerado por faltas gravísimas como "conducta indecorosa" y "desobediencia ostensible", además de "adoptar nuevos procedimientos sin autorización". Su defensa, basada en una supuesta "persecución" por investigar corrupción dentro del organismo, fue desestimada por el Ejecutivo, que no encontró "aspectos novedosos o valorables jurídicamente" para revertir la decisión. Este caso resalta la delgada línea entre la denuncia de corrupción y las acusaciones de mala conducta, y cómo el Estado evalúa la validez de estas defensas.
Impacto: Estos decretos tienen un impacto directo en el moral y las condiciones laborales de la administración pública, reforzando la idea de que los nombramientos temporales no garantizan estabilidad y que las faltas graves, especialmente las vinculadas a la ética y los derechos humanos, tendrán consecuencias severas. Para los ciudadanos, se subraya la importancia de un empleo público regido por normas claras y la responsabilidad de los funcionarios.
