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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto a la Secretaría General, reconocieron con 17 años de atraso los servicios de una empleada en la ex Secretaría de Derechos Humanos por el período de ¡2009!
En un hecho que resalta la lentitud burocrática del Estado, la RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N° 693-SGG-2026 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría General ha reconocido, finalmente, los servicios prestados por la Sra. María Julia ARANETA (D.N.I. N° 28.144.071 - Clase 1981) en un cargo de la Planta Temporaria como Personal Transitorio Mensualizado. ¿Lo impactante? Los servicios fueron brindados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009, ¡hace 17 años!
La medida, firmada el 16 de marzo de 2026 por el Ministro Juan Martín Mena y la Secretaria General María Agustina Vila, subsana una situación administrativa que se extendió por casi dos décadas. María Julia ARANETA se desempeñó con una remuneración equivalente a la Categoría Salarial 5 del Agrupamiento Administrativo, con un régimen de treinta (30) horas semanales, en la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, dentro del Programa Investigación y Memoria.
"Se propicia el reconocimiento de los servicios prestados... y reconocer de legítimo abono las sumas percibidas por tal concepto", detalla la resolución, que además declara de legítimo abono las sumas que la Sra. Araneta percibió en ese lejano 2009. Esto significa que el Estado valida oficialmente que esos pagos fueron correctos y correspondían.
Si bien es una buena noticia para la trabajadora, quien ve reconocida su labor, este caso es un claro ejemplo de la ineficiencia y los tiempos dilatados que pueden caracterizar a la administración pública. ¿Cómo es posible que un trámite de reconocimiento de servicios se extienda por tantos años? Este tipo de situaciones no solo genera incertidumbre para los empleados, sino que también consume recursos estatales en procesos que deberían ser mucho más ágiles. Es un llamado de atención sobre la necesidad de modernizar y desburocratizar los organismos públicos para evitar que la justicia administrativa llegue con una demora tan escandalosa.
