La AABE reacomoda el tablero estatal: ¿qué pasa con los inmuebles públicos?

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sigue con su tarea de reordenar el vasto patrimonio inmobiliario del Estado Nacional, publicando dos resoluciones que asignan propiedades a distintas jurisdicciones. Aunque pueden parecer meros trámites administrativos, estos movimientos reflejan la optimización del espacio físico estatal en un contexto de austeridad y búsqueda de eficiencia.

Una sede para la Procuración del Tesoro

La Resolución 85/2024 oficializa la reasignación en uso de un imponente inmueble ubicado en Posadas Nº 1641, Comuna 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Procuración del Tesoro de la Nación. Este edificio, con una superficie de más de 1.100 m² de terreno y 2.000 m² cubiertos, ya venía siendo utilizado por dicho organismo. La medida subsana una irregularidad administrativa, ya que el inmueble figuraba formalmente bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia (SAF 332), a pesar de que la Procuración (SAF 349) opera con su propio Servicio Administrativo Financiero desde 2019. Es una formalización necesaria para la correcta gestión contable y patrimonial del Estado.

Logística para el Servicio Penitenciario en La Paternal

Por otro lado, la Resolución 86/2024 destina un sector del inmueble en el Cuadro de Estación LA PATERNAL - Línea SAN MARTÍN, Comuna 15, CABA, al Ministerio de Seguridad - Servicio Penitenciario Federal. Este terreno, de casi 2.900 m², que incluye sectores baldíos y galpones ferroviarios en estado regular, será utilizado para la logística del SPF. La reasignación, que antes estaba en jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, busca mejorar la operatividad y eficiencia de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Se establece además la necesidad de un convenio entre las jurisdicciones en caso de uso compartido, para determinar erogaciones y responsabilidades.

Ambas resoluciones, firmadas por Nicolás Alberto Pakgojz y Marcelo León Ugarte, subrayan la política del Poder Ejecutivo Nacional de racionalizar el uso de los bienes inmuebles estatales para el desarrollo de políticas públicas. Para el ciudadano, esto implica una gestión más ordenada y, potencialmente, más eficiente de los recursos del Estado, aunque el impacto directo sea indirecto.